Caso Faffe
El PSOE logra reventar las investigaciones de la Faffe en el Parlamento de Andalucía
Tres exconsejeros de Empleo se niegan a declarar arguyendo «un uso electoral»; PP y Cs buscan la fórmula para denunciarlos ante la Fiscalía
El Parlamento andaluz tampoco debatió este viernes, a dos días de las elecciones generales, sobre el presunto uso fraudulendo de fondos públicos en una fundación de la Junta, la Faffe, entidad que, al parecer, se utilizaba como agencia de colocación de afines al PSOE y que gestionó sin control 828 millones de euros entre los años 2003 y 2011 . Y no debatió porque el PSOE impuso una estrategia para evitar hablar del fondo del asunto alegando que la citación de los expresidentes de la Junta (el jueves) y de tres exconsejeros (el viernes) era una estrategia electoral de los grupos que apoyan al Gobierno andaluz.
Los socialistas lograron su objetivo porque ninguno de los comparecientes declaró ni una sola palabra para aclarar a dónde ha ido a parar el dinero público aparte de a cuatro prostíbulos de Andalucía, donde se gastaron 32.000 euros en varias juergas tal y como ya ha demostrado la Guardia Civil en un atestado .
Los tres exconsejeros citados este viernes, Javier Carnero, José Sánchez Maldonado y Antonio Ramírez de Arellano siguieron al pie de la letra las instrucciones de la dirección socialista protagonizando sendas huidas de la comisión alegando que sus citaciones sólo tienen interés electoral y no buscan la verdad.
Comparecieron escrupulosamente a las horas en las que estaban citados pero dejaron claro que no iban a participar « en un instrumento que influya en el resultado electoral del domingo y de la manera más retorcida posible», tal y como explicó José Sánchez Maldonado , exconsejero de Empleo y quien mantuvo el tono menos agresivo de los tres. Eso sí, los tres se acogieron a su «derecho a no declarar tras considerar cumplido su deber legal de comparecer» ante una comisión de investigación del Parlamento,un concepto jurídico cuanto menos controvertido en este caso.
Ante la mirada impasible del letrado de la comisión, Ángel Marrero, el presidente, Enrique Moreno (Ciudadanos), aseguraba que ese derecho «no existe, o al menos, yo no lo conozco. Vamos que no existe», si bien no pudo hacer nada más.
Precendente
Sin embargo, los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos anunciaron que han encargado sendos informes jurídicos para que este desplante ante la Cámara no quede así. Fuentes de ambos grupos explicaron a ABC que entienden que hay materia para llevarlos ante la Fiscalía ya que consideran que los tres exconsejeros (y puede que incluso Manuel Chaves) han cometido el delito de desobediencia civil que recoge el artículo 502 del Código Penal . La mera asistencia a la comisión no supone haber cumplido su deber legal de dar explicaciones.
La clave de este asunto es que sienta un precedente . La respuesta a las preguntas formuladas en las comisiones del parlamento es obligatoria para todos los miembros del Gobierno, que comparecen religiosamente y rinden cuentas ante el resto de diputados de su gestión en la Junta. Un control con el que han cumplido a rajatabla todos los consejeros socialistas hasta ahora.
«Es una falta de respeto a las normas básicas de la Democracia. El PSOE ha decidido que se salta a la piola los elementos fundamentales de la Democracia . Están fuera de la ley», decía José Antonio Nieto, portavoz del PP quien anunció que van a presentar una iniciativa para reprobar a los expresidentes y a los exconsejeros. Desde Ciudadanos, Teresa Pardo insistía en que «no les va a salir gratis. No lo vamos a consentir», mientras que desde Vox Alejandro Hernández hablaba de «gamberrismo político».
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