Los profesores denuncian improvisación en la orden que les obliga a acreditar sus delitos sexuales

La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía ha hecho público su malestar por la improvisación, falta de publicidad y escaso margen de tiempo para requerir a los docentes en servicio activo que acrediten una certificación negativa de antecedentes penales por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.

Desde APIA manifiestan que comparten el que se arbitren cuantas medidas sean necesarias para proteger la integridad de los menores, pero centran las críticas en la forma empleada por la consejería para exigir esta certificación a los profesores en ejercicio, que califican de «precipitada, mal temporalizada y poco publicitada».

En declaraciones de Manuel Fernández, presidente de APIA , la obligación de acreditar esta certificación negativa de penales era conocida desde hace casi un año, concretamente desde el 28 de julio de 2015, fecha de la publicación de la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia que introdujo en España esta obligatoriedad.

«Nos parece lamentable que estando publicada la norma desde hace un año, la consejería haya esperado hasta final de curso para establecer el procedimiento , y además lo haga con unos plazos tan cortos y con tan poca publicidad», ha manifestado el presidente del colectivo de profesores de instituto.

En efecto, las instrucciones 9/2016 de 20 de junio de 2016 establecen un plazo de tan sólo diez días para presentar la certificación negativa de penales, o autorizar a la consejería a que haga la consulta en nombre de los docentes, plazo que empezó a correr a partir del día siguiente.

Sin embargo, como manifiesta el presidente de APIA, «aparte de colgar la instrucción en la web el día 20, no se avisó con anterioridad a nadie, y el propio día 21 muchos equipos directivos ni siquiera habían recibido de forma oficial las instrucciones para transmitirlas a los claustros», lamenta Fernández.

También protesta por la temporalización, puesto que «a final de curso se acumula un volumen considerable de trabajo con las evaluaciones finales y la ingente documentación burocrática que las acompaña», además de que este curso hay muchos profesores en pleno proceso de oposiciones que ni siquiera están en los centros porque componen los tribunales o las comisiones de baremación, además de los propios profesores interinos que opositan.

«Nos hubiera gustado que al menos en un tema tan serio como la protección de la infancia, la consejería hubiera mostrado un poco de seriedad y rigor, en lugar de la precipitación e improvisación con la que acostumbra actuar, pero está claro que no ha sido así», apostilla Fernández, quien manifiesta la incertidumbre de las consecuencias jurídicas que pueden tener aquellos docentes que no puedan acreditar en el breve plazo concedido la certificación negativa por no haber recibido la información, para lo que solicitarán a la consejería que amplíe el plazo para presentar la documentación o la autorización correspondiente.