Tribunales
Procesados los dueños de Magrudis y una veterinaria municipal por la listeriosis que mató a cuatro personas
La juez considera responsable civil al Ayuntamiento de Sevilla por su actuación «deficitaria y anormal»
El brote de listeriosis asociado a la carne mechada contaminada por listeria monocytogenes y fabricada por Magrudis S.L. mató a cuatro personas que la habían consumido, provocó seis abortos e intoxicó a unas 244 personas, casi todas en Andalucía, en el verano de 2019. Tras dos años y nueve meses de investigación, la juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha concluido las pesquisas con el procesamiento de cuatro responsables de la empresa que provocó la intoxicación masiva y de la veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla por supuestos delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto , lesiones y falsedad.
En un auto dictado este miércoles 29 de junio, la magistrada acuerda continuar las actuaciones por el trámite de procedimiento abreviado contra cinco personas y dos empresas investigadas en el procedimiento, mientras que ha archivado la causa contra otras cuatro personas. Además, tal y como solicitó la Fiscalía, declara responsable civil al Ayuntamiento de Sevilla, que entonces estaba gobernado por Juan Espadas (PSOE), por una presunta « actuación deficitaria y anormal del servicio público que debe prestar » al no haber realizado los controles e inspecciones que eran de su competencia.
Como consecuencia, el Ayuntamiento de Sevilla tendría que responder con cargo a sus arcas por la cascada de indemnizaciones por los daños y perjuicios causados , además de las citadas mercantiles y de la aseguradora con la que contrataron la póliza. También se declara responsable civil a la Compañía de Seguros AXA S.A.
Los investigados son José Antonio Marín Ponce, administrador de hecho de la empresa Magrudis S.L .; su mujer, Encarnación R.J., responsable de producción y puesta en marcha del sistema de autocontrol de la empresa; sus hijos Sandro José M.R., administrador único de la citada mercantil, y Mario M.R., administrador único de Elaborados Cárnicos Mario S.L.; Sergio L.G., arquitecto técnico; David M.M., economista y asesor financiero de Magrudis, y María José O.B., inspectora veterinaria municipal.
La instructora analiza la actuación desarrollada por la veterinaria municipal que inspeccionó las instalaciones de Magrudis , quien «puntúa a la baja y omite algunas puntuaciones, no recoge muestras de productos, ni comprueba las superficies, ni verifica muestras del ambiente interior, por lo que no comprueba de forma exacta si la instalación reúne las condiciones, a pesar de estar obligada a evaluar todos los apartados del sistema de puntuación , valorando el riesgo potencial, el nivel de cumplimiento, la confianza en la gestión, sistema de autocontrol e historial de la empresa», lo que «implica que no vuelva a realizar ninguna otra inspección, conllevando su posible responsabilidad criminal por los hechos investigados».
Malas prácticas de Magrudis
La juez archiva la causa contra Antonio y Domingo M.L. al considerar que «no tuvieron connivencia alguna con Magrudis ni intervinieron en el proceso de elaboración de los productos que esta entidad producía y distribuía, por lo que en ningún momento tuvieron conocimiento de la presencia de listerosis monocytogenes en febrero de 2019 en algunos productos», mientras que también la archiva respecto a Federico R.D., «quien nunca estuvo asociado a la empresa Magrudis, limitándose a vender sus productos como comercial», y respecto a Isabel R.J., pues «lo único que ha quedado acreditado es que trabajaba en Magrudis y se dedicaba a la facturación y contratación de trabajadores, pero no que interviniera en la elaboración y producción de alimentos ni que tuviera capacidad de decisión respecto a ello».
En el auto, la juez indica que las actuaciones fueron incoadas en virtud de un atestado de la Guardia Civil, que inició la operación denominada 'Monocy' en la que se investigaban una serie de actividades ilícitas mediante las que se «pondría en la cadena comercial de alimentos para personas carne procesada con presencia de listeria monocytogenes en concentraciones que la harían inadecuada para consumo humano» debido «a una mala praxis en la manipulación y transformación de los productos cárnicos », lo que provocó «una intoxicación masiva con resultado de muertes, lesiones a fetos con resultados de abortos y lesiones a lo largo de todo el territorio nacional y especialmente en la comunidad autónoma de Andalucía», derivando así en la emisión de una alerta sanitaria a nivel nacional y europeo por parte de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Salud Pública».
La «alerta sanitaria» focalizó el brote de listeria en las instalaciones de la empresa Magrudis , asegura la magistrada, que recuerda el informe pericial practicado en las actuaciones para resaltar que «las malas prácticas llevadas a cabo» por dicha mercantil «y la falta de consideración a las mínimas reglas de seguridad alimentaria son causas principales y determinantes» de los hechos investigados.
«La propagación del brote se debió a la poca transparencia de Magrudis, no comunicando desde el primer minuto los tipos de productos elaborados , tipo de productos distribuidos y lotes de cada uno de ellos (trazabilidad completa y transparente)», recuerda la juez en base a este informe pericial.
A juicio de la magistrada, « el producto nocivo para la salud de las personas fue puesto en el mercado , perdiéndose el dominio sobre el riesgo creado, lo que implica que, si bien no imaginaban el resultado, sí tenían conocimiento de esa eventualidad y de la probabilidad de que el producto, una vez en el mercado, podía causar daños en la salud de los consumidores, como así ha ocurrido, eludiendo todas las obligaciones que le impone la ley para que los productos alimenticios cumplan los criterios biológicos pertinentes».
Costó 800.000 euros a la sanidad
La instructora apunta qu e los gastos generados por el brote de listeriosis en la sanidad pública -al menos los gastos ocasionados por los servicios prestados por los hospitales sevillanos Virgen del Rocío y Virgen Macarena- ascienden a unos 800.000 euros, aproximadamente.
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