Los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2018, sin trato pero con truco
Las inversiones y obras no constan siquiera en el documento reservado que el Gobierno andaluz entrega en el Parlamento
El proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta para 2018 es público. Desde que la consejera de Hacienda los entregó en el Parlamento de Andalucía a principios de este mes, cualquier andaluz puede entrar en la web de la Junta y conocer qué incluye esta ley que el Gobierno andaluz insiste en reivindicar como un valor y la prueba de estabilidad política en esta tierra.
Sin embargo, no es oro todo lo que reluce porque las cuentas públicas no sólo son una complicada redacción de capítulos , programas y aplicaciones, porque además ocultan información. Información sensible para hacer un seguimiento al Gobierno de Susana Díaz y para que las entidades sociales, ciudadanas o los propios ayuntamientos puedan verificar si son ciertos o no los proyectos que se les prometen desde los diferentes estamentos del Gobierno andaluz.
El proyecto de presupuesto, que ayer cubrió un nuevo trámite parlamentario con el rechazo a las enmiendas a la totalidad de todos los partidos de la oposición excepto Ciudadanos, no incluye el anexo de inversiones, un documento reservado que sólo se ha entregado a los grupos políticos del Parlamento de Andalucía pero que permanece oculto a los ojos de los andaluces.
Claro que tampoco este anexo, al que ha tenido acceso ABC, desvela demasiados detalles porque explica sólo de manera genérica cómo se va a gastar el dinero público de Andalucía el próximo año. Así, muestra que la consejería con más inversión será la de Economía y Conocimiento , con 856 millones de euros, seguida de la de Fomento (484 millones de euros); Medio Ambiente (con 467 millones); Empleo, con 466 millones a los que hay que sumar 286 millones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Resulta revelador descubrir que la Consejería de Educación tiene 200 millones de euros para inversión durante todo el año y, sobre todo, que la Consejería de Salud incluye sólo 13 millones de euros para inversiones además de los 114 que están incluidos en las partidas del SAS (Servicio Andaluz de Salud).
Pero no se detalla en qué centros de salud, colegios o infraestructuras se van a gastar los fondos, por lo que resulta casi imposible hacer un seguimiento y verificar que la promesa hecha por la presidenta andaluza o alguno de sus consejeros en un territorio cuenta efectivamente con el dinero necesario para ello. Así, ni en la Consejería de Salud ni en el SAS se recoge partida alguna para el Hospital Materno Infantil de Huelva, para el Hospital de la Línea, para la construcción de un centro de salud en Macael o para la terminación de los quirófanos del Infanta Elena, proyectos todos prometidos por el Gobierno andaluz.
En el anexo de inversiones consta una partida de 16 millones de euros para la construcción de centros de salud ; 19,5 para «otras infraestructuras» así como 27 millones de euros para la construcción de chares. Pero no se dice cuántos, ni dónde ni por qué cuantía.
Lo mismo ocurre con la Consejería de Fomento. Se ha prometido la mejora de la A-438 de El Rocío a Matalascañas , la finalización del tranvía de la Bahía o el dragado del Puerto de Marbella, pero el único proyecto que tiene nombre y apellidos en este departamento es el tranvía de Alcalá de Guadaíra, para el que se consignan 11 millones de euros financiados con fondos Feder provenientes de Europa.
Con estos mimbres, diputados consultados por ABC reconocen que la única manera de fiscalizar al Gobierno andaluz pasa por vigilar el perfil del contratante de la web de la Junta y verificar qué proyectos se contratan realmente.
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