El presupuesto de la Junta no puede con las promesas de Susana Díaz

JUAN J. BORRERO

10/07/2016
Actualizado a las 08:44h.

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Largo nos lo fía la Junta. Muchos de los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con los que se ha dado virtual cumplimento a las promesas de la presidenta Susana Díaz tienen en común que no se cumplirán de forma inmediata. La urgencia de los compromisos políticos de la presidenta en los sucesivos periodos preelectorales se matiza a la hora de darles cabida en el presupuesto. En la letra pequeña de esos acuerdos hay plazos que trasladan la ejecución de la medida aprobada a los próximos años, incluso a la próxima década .

Así ha ocurrido con el reciente Plan para erradicar el amianto en los centros de enseñanza públicos de Andalucía. El problema generó una movilización de varios colegios andaluces y la unión de profesores, padres y alumnos reclamando la eliminación de un material potencialmente peligroso para la salud se había convertido en un serio problema en puertas de las elecciones generales de junio.

Eso provocó que la consejera de Educación, Adelaida de la Calle , prometiera antes de la cita electoral del 26 de junio un plan de erradicación que se aprobaría en quince días, lo que apaciguó las protestas y las iniciativas de la oposición en el Parlamento sobre el mismo asunto.

El plan fue validado por el Consejo del Gobierno el pasado martes, tal como había prometido la Consejería. Pero en la práctica el objetivo de erradicar el amianto en los colegios andaluces no se cumplirá en el mejor de los casos hasta el año 2022 . La Junta promete emplear 60 millones de euros hasta ese año en la realización de un inventario de centros afectados, que se calcula que serán unos 220 colegios, y sólo asegura que intervendrá ahora en los que verdaderamente haya indicios de riesgo . Las intervenciones quedan supeditadas a condicionantes como las vacaciones escolares por lo que es difícil calcular cuándo se cumplirá el compromiso institucional.

Este ha sido el último acuerdo en diferido de la Junta para dar salida a un compromiso político de la presidenta Susana Díaz, pero hay otros casos elocuentes en el último periodo. Antes de las elecciones generales, Díaz tenía que cumplir su promesa de solventar la recuperación de derechos perdidos durante la crisis por los funcionarios. Era una urgencia electoral después de que el ministro Montoro adelantara que pagaría al completo la paga extra recortada en 2012 a todos los funcionarios del Estado . La presidenta firmó el 2 de junio un acuerdo con los sindicatos de la Mesa General de Negociación Común de la Administración autonómica, UGT, CC.OO. y CSIF.

Los dos puntos fundamentales del acuerdo tendrán cumplimiento en el futuro. El abono del 75% pendiente de la paga extra de 2012 se hará en tres plazos:el próximo septiembre, febrero de 2017 y febrero de 2018. Y la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales se traslada a enero de 2017, aunque este acuerdo se antoja de difícil cumplimiento por las objeciones que el Gobierno puede poner al mismo, como ya ha hecho con similares propuestas en otras comunidades.

Como en otras ocasiones este tipo de acuerdos en diferido pone de manifiesto las dificultades económicas de la Junta. El dinero no fue sin embargo un inconveniente para sacar adelante cinco días antes de las últimas elecciones generales el Plan de Actuación para el Trabajo Autónomo , dotado con 434 millones de euros hasta el año 2020 y cuya primera partida de cien millones se traslada a los presupuestos de 2017.

Tal es la ambigüedad del plan, que una de las asociaciones más representativas de los virtuales beneficiarios, la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA), lo ha calificado de «tomadura de pelo». Su presidente, Rafael Amor, además de denunciar que no se han tenido en cuenta las reivindicaciones de los autónomos considera que el plan más parece una estrategia para dar cobertura económica a la Fundación Andalucía Emprende que ejecutará 12 de las 35 medidas del plan, derivando fondos a este organismo de la administración paralela para su reparto entre el colectivo de autónomos, una fórmula clásica en la acción de gobierno de la Junta de Andalucía.

Hay varios casos de promesa diferidas en el ámbito de la salud. La Junta anunció la gratuidad de la vacuna del meningococo dentro de este año. Pero será de las últimas comunidades en asumirla en el calendario vacunal. Tiene que hacerlo en virtud del compromiso adquirido en la Comisión Interterritorial de Salud , pero no la ejecutará hasta final de año para incluirlo en los presupuestos de 2017, algo que disgusta especialmente a los padres que hasta entonces tendrán que emplear unos 300 euros para vacunar a sus hijos.

Otra promesa de la presidenta «cumplida» es la publicación el 2 de junio del decreto que regula la garantía de plazo de respuesta quirúrgica para cirugía cardiaca en el sistema sanitario público de Andalucía.

Los hospitales tendrán a partir de ahora seis meses para adecuarse a este plazo, ya que solo se aplicará a pacientes que se inscriban en el Registro de Demanda Quirúrgica del Servicio Andaluz de Salud a partir de esa fecha. Por lo tanto el plazo máximo de atención de 90 días para pacientes de cirugía cardiaca no se implantará realmente hasta 2017.

Algo similar pretende hacer la Consejería de Salud con la garantía de plazo para operaciones de reimplante mamario que tiene que adecuar por mandato parlamentario de diciembre de 2015. Se ha prometido para septiembre, pero las asociaciones de afectadas ya han alegado frente a la letra pequeña del borrador del decreto y a su intento de «implantación progresiva» que en realidad supone trasladar «sine die» el compromiso . En este caso la Junta ha seguido el mismo modus operandi, tramitar el marco legal antes de asegurar la dotación necesaria para su ejecución . Y es que tal como dice el refrán, «del dicho al hecho hay un trecho», como de la promesa al derecho.

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