CASO ERE ANDALUCÍA
El PP exige a ex altos cargos del caso ERE las fianzas millonarias que les «perdonó» la Junta de Andalucía
Solicita a la Audiencia de Sevilla que les permita ejercer la acción civil porque el Gobierno andaluz no puede ir contra el interés general
El PP mueve ficha para que 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía procesados en el juicio de la pieza política del caso ERE hagan frente a fianzas que ascienden a 741,59 millones de euros (cantidad supuestamente defraudada, según la Fiscalía) en concepto de responsabilidad civil por el dinero supuestamente malversado a través de ayudas irregulares para prejubilaciones.
Esta acusación popular justifica esta solicitud después de que la Administración autonómica se retirara del procedimiento al no apreciar delito alguno en la conducta de sus 22 ex altos cargos y pedir el archivo del mismo . La Junta se reservó el derecho a ejercer la acción civil cuando hubiese una sentencia firme contra los políticos acusados, entre ellos el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, para el que la Fiscalía solicitó una fianza de 4,2 millones de euros.
Los abogados que representan a esta acusación popular han presentado un escrito ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla - que juzga a los políticos y altos funcionarios por el sistema de reparto del dinero - para ejercitar la acción civil «ex delito» contra todos los acusados a los que les imputa un supuesto delito de asociación ilícita, además de otros supuestos de malversación de fondos públicos y/o prevaricación.
«Deberán responder de manera solidaria de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Andaluza, en la cantidad total de 749,59 millones de euros, que fue fijada en su día la responsabilidad civil por el Ministerio Fiscal , que se corresponde con el importe total de las transferencias de financiación realizadas al Instituto de Fomento de Andalucía, posteriormente, Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucia con cargo a los programas presupuestarios 22E y 31L», afirma el PP en su escrito.
Tal cuantía puede verse aminorada con el dinero recuperado a través de los procedimientos de reintegro tramitados por la Junta, las sentencias condenatoria y la cuantía recuperada por el Tribunal de Cuentas.
El PP cree que la Junta no puede ir contra el interés público de los andaluces en este proceso
El PP rectifica una decisión que adopó el pasado 9 de enero, cuando tanto esta acusación como la Fiscalía Anticorrupción tuvieron que renunciar a pedir que se restituya el quebranto económico causado a las arcas públicas porque la principal perjudicada en el proceso, la Junta de Andalucía, había eludido hacerlo.
En el escrito registrado en la Audiencia, los letrados Lourdes Fuster y Luis García Navarro exponen que la Junta « no puede estar al servicio de otros intereses que no sean los intereses públicos ». Por tanto, no puede reservarse la acción civil si esta decisión colisiona con «el interés o el orden público».
El PP sostiene que «no nos consta ningún acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, como órgano competente para acordar el ejercicio de acciones judiciales, ordenando al Gabinete Jurídico la reserva de acciones civiles en el presente procedimiento al respecto» y tampoco «consta» ningún decreto de Presidencia de la Junta de Andalucía en este sentido. Además, destaca que la citada reserva de la Junta se realizó con posterioridad a la apertura del juicio oral, cuando ya no era parte en el procedimiento.
La Administración autonómica se autoexcluyó del proceso que se está juzgando y solicitó el sobreseimiento de la misma con el argumento de que no hubo una «trama criminal» ni se creó un procedimiento para eludir los controles de la Intervención y conceder ayudas «de forma arbitraria». Aunque se reservó el derecho a ejercer la acción civil para la reparación del daño económico, no lo ha hecho por ahora.
Tampoco podrá exigir fianzas, como pretendía, en las causas que investigan las distintas ayudas a empresas porque se están apartando de las estas piezas a los altos cargos acusados por el sistema de concesión de fondos para evitar que sean juzgados dos veces por el mismo delito. La maniobra procesal de la Junta ha supuesto así un salvoconducto para que los acusados eludan fianzas millonarias.
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