TRIBUNALES
El PP-A pide a la juez Núñez que aclare el archivo de la pieza «política» de los cursos de formación
La juez dictaminó que en los cursos financiados con fondos de la Junta «no se ha constatado la existencia de una red clientelar»
El PP-A ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños que aclare el auto en el que archivó la pieza «política» de los cursos de formación financiados con fondos de la Junta de Andalucía, como es la que afectaba a 24 exdirigentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o los ex delegados del ramo en las ocho provincias andaluzas.
En un escrito fechado el jueves, al que ha tenido, el PP-A pide a la magistrada que dicte una resolución por la que se «complete» el auto de archivo «en el sentido de calificar en su parte dispositiva si el sobreseimiento acordado es libre o provisional , a los efectos de la ejecución de dicho auto».
En este sentido, el PP-A pide a la instructora «resolución para completar» el auto de archivo «por omisión manifiesta de pronunciamiento respecto de la calificación del sobreseimiento», recordando que en el antecedente de hecho único del auto de archivo «se manifiesta que el Ministerio Fiscal ha solicitado el sobreseimiento provisional de la presente causa previsto» en el artículo 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Sobreseimiento libre
No obstante, añade que «en los fundamentos de derecho Primero a Noveno», la juez «apela para motivar su decisión a causas propias del sobreseimiento libre» del artículo 637.1 y 2 de la citada Ley, conforme al cual se procederá al sobreseimiento libre «cuando no existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa y cuando el hecho no sea constitutivo de delito».
La juez archivó la pieza «política» de los cursos de formación financiados con fondos de la Junta al entender que «no se ha constatado la existencia de una red clientelar» y que únicamente se habrían producido «posibles irregularidades administrativas», todo ello en un auto donde criticaba tanto la labor investigadora realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como la actuación de la acusación particular ejercida por el PP-A.
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