Tribunales
El Poder Judicial amplía una semana más la inspección a la juez Núñez Bolaños por «paralizar» el caso ERE
Los inspectores retoman el lunes los trabajos debido al volumen de documentación y la complejidad de los casos que están analizando
La delegación del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que analiza desde este martes la actuación de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños , continuará su inspección en el citado órgano judicial durante toda la semana que viene. La visita de inspección forma parte de las diligencias informativas abiertas contra la magistrada, denunciada por el jefe de la Fiscalía Anticorrupción ante el CGPJ por «paralizar o ralentizar» las investigaciones de los casos ERE, Avales y Agencia IDEA.
Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la delegación que integran los magistrados Francesc Segura Sancho y Juan Francisco López Sarabia , además de dos letrados de la Administración de Justicia, ha finalizado este jueves su inspección durante esta semana y la retomará el lunes.
Se amplía el plazo que se habían marcado inicialmente, ya que tenían previsto acabar este viernes, debido al gran volumen de documentación de los sumarios que tienen que estudiar y a la complejidad de los mismos, sin que por el momento se haya realizado una valoración, ni siquiera provisional, del estado de los procedimientos, puntualizan desde el TSJA.
En la denuncia que ha motivado que el máximo órgano de gobierno de los jueces abra unas diligencias informativas contra la juez, la plantilla al completo de los fiscales Anticorrupción de Sevilla sostiene que de un total de 182 diligencias previas incoadas o piezas desgajadas de la causa de los ERE desde 2016, tantas como empresas cobraron ayudas supuestamente fraudulentas, la juez sólo ha concluido cinco. Núñez Bolaños está de baja desde el pasado 3 de septiembre aunque reapareció en los juzgados el pasado martes para reunirse con los inspectores que deben analizar su trabajo.
Los miembros de la unidad penal del Servicio de Inspección del CGPJ desplazados a Sevilla deben emitir un informe que será determinante para que el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde , decida si archiva las diligencias informativas o abre un expediente disciplinario a la juez que puede saldarse con una multa de 501 euros o su separación de la carrera judicial.
Ricardo Conde inició en julio esta investigación interna tras recibir un informe del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que detallaba un cúmulo de supuestas irregularidades cometidas por la juez en las causas de los ERE, Avales y la Agencia IDEA que heredó de Mercedes Alaya.
Los inspectores tratan de contrastar con documentos la denuncia del Ministerio Público. En su informe advertía de que en el caso ERE está llevando a cabo un «vaciamiento progresivo tras acordar la exclusión de los cargos de la Junta de Andalucía». Además, desaprobaba la «desatención» de resoluciones de la Audiencia de Sevilla, la «inactividad» investigadora, y continuas «trabas» a las pesquisas que demuestran, a juicio del fiscal, una «voluntad de paralizar o ralentizar la marcha de los procedimientos» por parte de la juez Núñez.
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