ANDALUCÍA
El plan de vivienda de Espadas sigue golpeando las cuentas de la Junta
El Gobierno de Moreno afronta el pago de sentencias por impagos de hace 10 años y recibe resoluciones del Defensor del Pueblo por quejas de 2012
La Junta de Andalucía sigue recibiendo periódicamente la factura de las 50.000 reclamaciones judiciales que mantiene abiertas y que suman conjuntamente un riesgo de 2.000 millones de euros para las arcas regionales. Dado que son procesos que no están resueltos, el importe depende del veredicto final que se produzca en cada uno de los casos, pero hay antecedentes que anticipan el elevado coste que tienen estos litigios para el Presupuesto: entre 2016 y 2019 la administración autonómica afrontó pagos superiores a los 750 millones de euros que descuadraron el déficit de las cuentas autonómicas.
En esta cifra tuvieron un peso destacado algunos macroprocesos, como los del centro comercial Nevada (más de 165 millones de euros) o el Metro de Sevilla (167 millones), pero también hay cientos de procedimientos de menor cuantía que suman importes relevantes y que generan una enorme complejidad en la gestión administrativa de los mismos.
Uno de los reveses que aún está pagando el Gobierno de Juanma Moreno procede de hace más de una década, cuando el hoy alcalde de Sevilla, Juan Espadas, fue nombrado consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio por el entonces presidente Manuel Chaves. La medida estrella que Espadas impulsó al frente de este departamento fue el decreto del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 , que tenía entre sus objetivos la creación de un sistema para promover el alquiler con ayudas para arrendatarios e inquilinos, así como para las agencias inmobiliarias que gestionaran estas operaciones.
Los litigios que generó finalmente el sistema han provocado que el Gobierno andaluz haya desembolsado este año más de un millón de euros por una sentencia perdida ante una compañía inmobiliaria y podría afrontar pagos similares en el futuro próximo.
La norma del Gobierno andaluz del PSOE estipulaba que aquellas empresas inmobiliarias que ejercieran como Agencias de Fomento del Alquiler (AFA) e intermediaran en operaciones entre propietarios de una vivienda y el arrendador, recibirían una subvención de unos 600 euros anuales por cada casa alquilada por un periodo máximo de dos años.
Cuando se diseñó el plan el derrumbe del negocio constructor ya se estaba produciendo, aunque sus fatales consecuencias aún no eran tan evidentes. E l decreto generó una gran expectativa de actividad en el sector andaluz de las agencias inmobiliarias , que reforzaron sus equipos para subirse al ambicioso plan autonómico para el alquiler.
Cambio de escenario
Menos de dos años después, en 2010, la Junta suspendió mediante una orden el pago de nuevas ayudas (aduciendo que ya se habían logrado los objetivos marcados en el plan y que no había disponibilidad presupuestaria), e incluyó la anulación del pago de la segunda anualidad que todavía se adeudaba a cientos de agencias inmobiliarias, así como la tramitación de ayudas de algunos alquileres que ya estaban formalizados. Eran unos ingresos con los que muchas empresas contaban, ya que el pago de las mismas estaban reconocidos por el decreto.
Desde entonces, la administración ha afrontado un reguero procedimientos que se han traducido en sentencias en contra de esta suspensión (que a veces han obligado a iniciar trámites para el abono de la subvención y en otros al pago directo de la cantidad). Uno de los principales afectados fue la compañía sevillana Aruncy Alquileres, a la que la Junta de Andalucía ha abonado más de un millón de euros con los correspondientes intereses en estos meses. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se pronunció a favor de Aruncy Alquileres en 2016, aunque la Junta recurrió la sentencia.
El servicio jurídico, sin embargo, cometió un error, pues en vez de interponer un recurso de casación ante el mismo TSJA —como habría sido pertinente en este caso—, lo hizo ante el Tribunal Supremo, con lo cual el recurso fue desestimado en 2018 (ya que era un asunto que incumbía estrictamente a la comunidad autónoma). Tras esto, llegó la sentencia definitiva del TSJA que dictaminó que se había generado una situación de inseguridad jurídica y otorgó la razón a Aruncy Alquileres.
A lo largo de 2019, con el PSOE ya desalojado del Gobierno, llegó la obligación de abonar la sentencia, pero el problema no se ha solucionado totalmente. Según fuentes consultadas por ABC, se abrirán nuevos procedimientos en los próximos meses con el que se reclamará, al menos, otro importe superior al millón de euros por un conjunto de ayudas que todavía siguen impagadas. Aruncy Alquileres es uno de los mayores afectados, pero hay un número significativo de empresas que siguen pleiteando por situaciones similares.
Las reclamaciones de las agencias inmobiliarias no son el único problema que aún arrastra el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012. El defensor del Pueblo Andaluz sigue recibiendo todavía numerosas quejas ante el impago de otras de las ayudas que preveía este plan , como eran las que estaban destinadas para los compradores de Viviendas de Protección Oficial (VPO). En las semanas previas a la eclosión de la pandemina, el Defensor del Pueblos exigió a la actual Secretaría General de Vivienda que identificase todas las solicitudes las ayudas que están todavía sin resolver y que se informe a las personas afectadas sobre cuál es el estado de las mismas y posibilidad real de cobro.
Ayudas a las VPO
La institución que dirige Jesús Maeztu ha recibido reclamaciones que datan de inicios de 2012. Eran ayudas para familias con pocos recursos que cubrían la entrada que se aporta al adquirir la vivienda de protección oficial así como los gastos notariales , por importes que oscilaban entre 1.000 y 4.000 euros. También existían ayudas financieras a los empresarios y promotores de estas viviendas que nunca se concedieron de manera efectiva. Juan Espadas estuvo como consejero entre mayo de 2008 y febrero de 2010, solo un año presupuestario dentro del plan, y después salió del Gobierno andaluz para liderar la oposición municipal. Diseñó el programa antes del pinchazo inmobiliario y la crisis provocó que no hubiera disponibilidad presupuestaria para las ayudas.
Aunque posteriormente el Gobierno de Susana Díaz realizó un nuevo Plan de Vivienda para el periodo 2016-2020, esta situación quedó sin una respuesta clara por parte de la Junta. El Defensor del Pueblo indica así en la resolución que ha enviado al Gobierno de Juanma Moreno que existen solicitudes reconocidas y no abonadas desde entonces porque «la concesión de dichas ayudas se encontraba condicionada a la existencia de disponibilidad presupuestaria», y denuncia que el plan que la Junta lanzó en 2016 preveía nuevas ayudas del alquiler sin haber abonado las del anterior programa.
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