LEY DE EMPRENDIMIENTO
El plan para la fundación Andalucía Emprende, una«aberración» para los funcionarios
Los sindicatos SAF y CSIF advierten de que las potestades públicas están reservadas exclusivamente a los trabajadores de la Función Pública
La decisión del Gobierno andaluz de convertir la fundación Andalucía Emprende en una agencia pública empresarial que integraría con rango de empleados públicos a sus laborales ha llenado de indignación a los funcionarios y provocado las críticas del PP. Mientras el Ejecutivo negaba ayer que la operación vaya a traducirse en «privilegios» para los 963 trabajadores que conforman la plantilla de esta fundación de la Administración paralela autonómica, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ve en el anteproyecto de la Ley Andaluza de Emprendimiento otro intento de otorgar a estos trabajadores potestades administrativas reservadas por ley a los funcionarios.
«Es una aberración legal , una barbaridad, y esperamos que cuando la ley llegue al Parlamento andaluz (para su tramitación) los partidos políticos tengan la suficiente visión como para evitar que se apruebe», declaró ayer Carlos Sánchez, presidente del SAF.
Tal y como adelantó ayer ABC, la citada norma, aprobada por el Consejo de Gobierno andaluz el pasado 29 de marzo, establece la integración en la nueva agencia de 963 laborales que se dedican a asesorar a emprendedores sobre la puesta en marcha de negocios. Pasarán a regirse por la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Fuentes jurídicas señalan que hasta ahora los trabajadores de la fundación tenían a efectos laborales una gestión privada
El artículo de la Ley de Emprendimiento que ha puesto en guardia a los funcionarios reza que «el ejercicio de las potestades públicas que, en su caso, pueda llevar a cabo la agencia, se hará de conformidad con lo previsto en el artículo 9.2» del citado estatuto. « No se pueden dar potestades públicas a esos empleados porque no son funcionarios», criticó Sánchez.
Joaquín Álvarez, secretario de Acción Sindical de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), expone que la polémica Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz, que supuso la integración en la Junta de Andalucía de unos 25.000 trabajadores del entramado de agencias y fundaciones de la Administración , ya dio carta de naturaleza para que estos empleados fueran considerados personal de la Junta. Recuerda que el Tribunal Supremo avaló parcialmente la aplicación de la conocida como «ley del enchufismo» .
No obstante, el sindicato estudiará con detenimiento el anteproyecto y «velará para que se cumpla con el artículo 9.2 del Estatuto Básico de los Empleados Públicos ». «En CSIF tenemos una línea roja y es que las potestades públicas están reguladas y sólo corresponden a los funcionarios», aseguró el dirigente sindical.
José Manuel Brenes, responsable del comité de empresa de la fundación en Sevilla , explicó que la plantilla no ha sido informada por la dirección sobre cómo va a afectarle su transformación en agencia pero que ésta no es una cuestión que les preocupe porque están acostumbrados a los cambios . Añade que ya les estaban aplicando algunos artículos como empleados públicos. Su caballo de batalla está en acabar con la disparidad de sueldos de los laborales de Andalucía Emprende.
Sin embargo, expertos en Derecho Laboral consultados por ABC esgrimen que la Ley de Emprendimiento tendrá cambios sustanciales para el personal de la nueva agencia. «Actualmente, pese a pertenecer a una entidad pública , su régimen laboral es de gestión privada y se rige por el Estatuto de los Trabajadores», tal y como recoge su convenio colectivo, explican. A modo de ejemplo, señalan que es más fácil ejecutar despidos si es una fundación que una agencia.
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