El plan de Doñana sale adelante a pesar de las presiones del Gobierno central

Las dos proposiciones de ley presentadas por PP y Ciudadanos, por un lado, y PP y Vox por otro, han salido adelante gracias a los votos de estos tres grupos pero también a la abstención del PSOE andaluz que se ha tenido que poner de perfil en un asunto que lo compromete gravemente. Sólo Unidas Podemos y los diputados no adscritos de Adelante Andalucía se han mostrado en contra de una propuesta que consideran «no se puede hacer porque no hay agua para regar» en palabras de Inmaculada Nieto, portavoz de Unidas Podemos, quien insistía en que lo propuesto en la ley es «mentira y un engaño de Moreno Bonilla».

También el portavoz del PSOE, Mario Jiménez , era muy crítico con el Gobierno andaluz, «es un engaño masivo, es la campaña electoral de Moreno Bonilla que vamos a pagar todos con el prestigio internacional de Andalucía. Es un engaño masivo de un Gobierno frívolo», aseguraba antes de anunciar la abstención de su grupo «para dar una oportunidad al diálogo buscando la equidad y el equilibrio entre todos los actores de Doñana». Las palabras conciliadoras de Jiménez no frenaron la tesión con los agricultores con los que tuvo un encontronazo a las puertas del pleno.

Y lo cierto es que el asunto ha estado rodeado de medias verdades y sometido al rifirrafe político desde sus inicios. Pero no ahora, sino en el año 2004 que es cuando empezó todo este embrollo. La realidad es que en la Corona Norte de Doñana hay muchas familias que están sembrando frutos rojos, un cultivo que genera empleo y rentabilidad económica a la zona.

El llamado «Plan de la fresa» se aprobó entonces para resolver los cultivos del entorno de Doñana con el Gobierno socialista en la Junta de Andalucía. La clave es que sólo regularizó 9.000 hectáreas de regadíos dejando fuera las 1.432 hectáreas que ahora se tratan de legalizar. Una decisión muy polémica que costó muchos quebraderos de cabeza a los dirigentes socialistas que hoy han tenido que votar en el Parlamento andaluz y, además, en presencia de los agricultores afectados que están unidos en la Plataforma por la Defensa de los Regadíos de la Corona Norte. Este Plan de la Fresa se completaba con el trasvase de la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras para llevar agua a estas explotaciones agrícolas, un plan competencia del Estado que se declaró de «interés estratégico» en 2018 pero cuyas obras no se han ejecutado por lo que trasvase no se ha llevado a cabo.

El resultado de todas estas decisiones políticas es que 1.400 hectáreas de fincas que están entre 30 y 50 kilómetros separadas del Parque Natural han estado regando con agua proveniente del acuífero de Doñana, un acuífero que está sobreexplotado y en riesgo. La proposición de ley que se aprobó ayer pretende poner orden en estas tierras y «terminar con una situación injusta», según explicó el portavoz del PP, Manuel Andrés González.

La ofensiva del Gobierno central sobre este asunto ha sido constante y dura desde que se conoció la proposición de ley de los grupos que apoyan al Gobierno de la Junta de Andalucía. Es cierto que el Ejecutivo de Moreno ha preferido dejar este espinoso asunto en manos de los grupos y no ha querido plantearlo como una ley del Gobierno andaluz, lo que le han reprochado desde la oposición.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez , amenazó el pasado lunes con posibles sanciones y perjuicio para el sector agrícola si no se retiraba la proposición de ley sobre Doñana. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, había pedido poco antes a la Junta de Andalucía que vete la tramitación de la propuesta porque es un «engaño al sector» y genera unas expectativas irreales porque «no hay agua».

Y ayer, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribero , envió una carta al Gobierno andaluz en la que le advertía de «los riesgos económicos y medioambientales para el entorno de Doñana y para la actividad de los frutos rojos» de la provincia y advertía de posibles sanciones de Europa. Los ecologistas de WWWF también están en contra de esta regularización y elevan hasta 1.903 hectáreas el regadío que se pretende regularizar.

Porque también está en juego el papel de la Unión Europea que el viernes 4 de febrero envió la Comisión Europea en la que avisa a España con volver al Tribunal de Justicia de la UE para solicitar una multa por lo que consideran un incumplimiento por parte del Gobierno andaluz de una sentencia previa de la Justicia europea contra la ampliación de regadíos en Doñana.

Hay un dato más. Y es relevante. Porque ayer mismo, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, anunciaba que se había aprobado la declaración de impacto ambiental del Túnel de San Silvestre y que las obras podría comenzar en 13 meses. Se trata de una infraestructura estratégica para llevar agua excedente de la cuenca del Tinto en superficie a estas fincas ya que va a desdoblar un túnel que tiene 8 kilómetros de longitud y por donde pasa el agua que llega a la provincia de Huelva, incluyendo también lo regadíos.

Desde Ciudadanos, Julio Díaz , defendía la ley, «porque lo que queremos es que llegue el agua en superficie y no subterránea y una solución definitiva para la zona». Rafael Segovia , de Vox, insistió «hay agua en Huelva, se trata de hacer los trasvases».