CORRUPCIÓN
Piden a la Intervención un informe por las «irregularidades» en ayudas de formación al exconsejero Ojeda
Vilaplana investiga en una nueva causa, abierta el pasado verano, la presunta «contabilidad B» de las empresas de Ojeda para quedarse con dinero público
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número de 6 de Sevilla , José Ignacio Vilaplana, ha solicitado a la Intervención General de la Junta de Andalucía que elabore un informe pericial sobre siete subvenciones para cursos de formación concedidas por la Consejería de Empleo a distintas empresas del exconsejero socialista Ángel Ojeda entre los años 2009, 2010 y 2011. Esta actuación llega en una nueva causa abierta contra éste el pasado verano y en la que se investiga si sus sociedades llevaban una supuesta «contabilidad B» o paralela para lucrarse con las ayudas millonarias de la Junta destinadas a la formación y el reciclaje laboral de los empleados despedidos por la multinacional Delphi .
El magistrado, en el auto del pasado 31 de julio por el que abría estas nuevas diligencias, sospecha que el que fuera consejero de Hacienda entre 1987 y 1990 montó un sistema ilícito «dirigido a la creación de conceptos ficticios que permitiesen el desvío de los fondos de las subvenciones concedidas también en el marco del denominado dispositivo Delphi». En concreto, entre 2009 y 2011, el Gobierno de José Antonio Griñán le concedió 33 millones de euros en subvenciones para contratar a unos 1.600 trabajadores afectados por el cierre de la factoría de Puerto Real sólo por asistir a cursos de formación.
Según informe de la Inspección de Trabajo, no sólo los contratos de los antiguos empleados eran «simulados» o ficticios, sino también las facturas a las que se endosaban las ayudas por el alquiler de aulas, compra de material didáctico o las nóminas de los monitores que impartían las clases. El juez apunta a una « doble facturación fraudulenta de los docentes a través de la entidad Serpro S.L., vinculada al grupo Prescal, administrado por el antiguo político. Hay siete expedientes de subvenciones «vinculados a tales hechos delictivos», especifica en su resolución el instructor del caso. Los juzgados de instrucción de Algeciras y Cádiz ya abordaron esta línea de investigación.
En un informe entregado al juzgado sevillano en 2018, l a Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional concluyó que Ángel Ojeda Avilés creó una empresa «fantasma», Serpro S.L., «única y exclusivamente para desviar o apropiarse ilícitamente de parte de los fondos concedidos en subvenciones para formación» por la Junta de Andalucía.
Con el propósito de «obtener un mayor beneficio» con cargo a los fondos públicos, Ojeda habría constituido esta « empresa fantasma para formalizar una facturación ficticia ». La normativa establece que por lo menos el 40 por ciento de la cuantía subvencionada debe ir destinada al gasto de docentes. Aunque las ayudas se justificaban ajustándose «con exactitud» a este porcentaje, la investigación «ha demostrado» que «alrededor del 50%» de esta cuantía se «conseguía desviar ilícitamente» mediante «el método de la contrafacturación», advirtieron los agentes de la Policía especializada.
En esta nueva causa, el juez investiga supuestos delitos de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones y malversación de fondos públicos . Para no «entorpecer o retrasar» la investigación de los contratos «simulados» de Delphi, cuya culminación está «muy próxima», acuerda desgajar la pieza de la supuesta «contabilidad B» y así se lo comunica a la Fiscalía Anticorrupción a fin de que solicite nuevas pesquisas o la citación de investigados.
Doble facturación
Pues bien, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado, para el esclarecimiento de los hechos denunciados, que se practique una pericial sobre estos siete expedientes de subvención y se analice los conceptos justificados para las facturas de dichas ayudas, la cuantificación del exceso de facturación a los docentes .
Insiste el juez instructor de esta causa, y de otras tantas macrocausas de corrupción vinculadas a las ayudas concedidas por los gobiernos socialistas en la Junta hace más de una década, que aquí se investiga principalmente la i rregularidad de la obtención, pago, ejecución y justificación de determinadas subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo y el Servicio Andaluz de Empleo para la realización de cursos de formación; irregularidades de entre las que destaca la justificación del destino de los fondos, el cumplimiento de las condiciones (como por ejemplo el número de alumnos), posibles subcontrataciones no autorizadas o irregulares, y la creación de conceptos ficticios que permitiesen el desvío de los fondos de las subvenciones concedidas, mediante una doble facturación fraudulenta de los docentes a través de Serpro.
Así, por ejemplo, «los profesores como trabajadores autónomos habrían podido facturar a las entidades formadoras vinculadas con el grupo de empresas y asociaciones controlado por Ójeda (Natura, Humanitas, etc,) cantidades desorbitadas (por horas de docencia), y luego Serpro facturaba a aquéllos de manera ficticia por la supuesta prestación de servicios de asesoramiento, gestión y material docente, consiguiendo de este modo el retorno de los fondos e incrementar los costes de la actividad formativa ante la Junta» .
Los siete expedientes de subvenciones a investigar serían tres concedidas a Natura en 2010; las dos ayudas a la Asociación de Apoyo a la Integranción Humanitas en 2010 y 2011; la de Forpre en 2010; y la de la Agrupación de Empresas Aeronátucias en 2010.
Cuatro investigados
Por estos hechos, ya investigados por dos juzgados de Cádiz, están investigados además de Ojeda, el responsable de Serpro, J.M.F.G.; el presidente de Natura, F.D.B.; y R.M.T.M., presidenta de Hunmanitas, quienes ya prestaron declaración .
Vilaplana, que ha admitido en esta causa la personación como acusación del PP-A y de la Junta de Andalucía , solicita a la Intervención General de la Junta para que se elabore un informe técnico-pericial que deberá abordar si la actuación de los acusados (praxis, activa u omisiva) es conforme a la normativa administrativa económica, contable y financiera que ha de aplicarse en la tramitación de las subvenciones para los cursos de formación concedidas por la Junta. Además, deberán analizar las presuntas irregularidades detectadas en dichos expedientes.
En dicho informe pericial, pertinente a criterio del juez, la Intervención de la Junta deberá contar con los informes recabados y pesquisas realizadas por la Unidad Policial encargada de la investigación (UDEF), incluyendo, además, la verificación y valoración de los daños y perjuicios que pudieran haberse ocasionado al patrimonio público andaluz .
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