TRIBUNALES
Piden archivar la macrocausa Avales II de la agencia IDEA alegando que lleva más de un año caducada
Una defensa recurre un auto dictado por el juez Vilaplana argumentando que se pasó el plazo para prorrogar esta instrucción
Una de la defensas de investigados en el caso Avales ha solicitado que se archive la macrocausa de Avales II, que investiga la «indebida concesión» a empresas de este tipo de ayudas por parte de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). Se trata de analizar si la figura de los avales sirvió como medio para hacer llegar de modo ilícito fondos públicos en favor de determinadas empresas que también recibieron ayudas con cargo al fondo de los ERE.
El letrado Juan Carlos Alférez sostiene que Avales II lleva un año y tres meses caducada porque la Fiscalía no solicitó ampliar el periodo de instrucción del caso por la complejidad del asunto al amparo de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que marca periodos muy tasados para evitar que las investigaciones se alarguen demasiado en el tiempo. El argumento que este letrado esgrime para dar carpetazo a la causa está recogido en un recurso de reforma presentado ante el juez instructor el pasado lunes en el que impugna la unificación de las investigaciones de Avales I y Avales II.
En su recurso de reforma, este abogado asegura que todas las diligencias practicadas con posterioridad al 14 de febrero de 2020, plazo en el que debían haber sido prorrogadas, deben ser «expulsadas del procedimiento ». Según sostiene, el auto en el que se unifican ambas macrocausas «es contrario a Derecho pues imposibilita el mandato legal de ultimar las diligencias» abiertas en 2017 «con el objeto procesal que contienen a su fecha de caducidad».
Ese abogado advierte de que el auto dictado por el juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla «carece de virtualidad jurídica» al integrarlo dentro de la macrocausa de Avales I, que se inició en 2014. En consecuencia, no se podrá continuar con la investigación de Avales II « sin caer en clamoroso fraude de ley », porque llevaba caducada «un año y tres meses».
El caso ERE, el origen
El caso Avales II, como tantos otros, surgió como una rama del tronco de la causa de los ERE. Desde su apertura en 2017, esta macrocausa que afecta a la gestión de la Agencia IDEA no ha parado de dar tumbos y acumular retrasos.
La macrocausa de Avales I se centra en los «avales reglados», es decir, los concedidos al amparo de la orden de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, de 5 de noviembre de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de Ayudas a Empresas Viables. El caso Avales II , en cambio, investiga los denominados «avales propios» o «excepcionales», concedidos por la Agencia IDEA, a las empresas que ya fueron beneficiarias de ayudas investigadas en el caso ERE .
La Audiencia de Sevilla obligó a reabrir la causa de Avales I, archivada en mayo de 2019 por Núñez Bolaños, quien consideraba que se habían «desvanecido» los indicios que apuntaban a que de forma arbitraria e irregular se favorecía a determinadas empresas. Villaplana ordenó hace un año que la Guardia Civil se personara en la sede de IDEA para retirar abundante documentación relacionada con estos expedientes.
Retraso en la etapa de la juez Núñez
El retraso que acumula la investigación de la supuesta concesión ilícita de avales y préstamos a empresas por parte de la agencia pública IDEA llegó a desesperar al fiscal Francisco Sánchez Mellado. En un escrito dirigido al juzgado, hizo un severo reproche a la actuación de la juez Núñez, quien inicialmente llevaba esta causa. Desde la apertura de las diligencias, « el avance de la investigación ha sido prácticamente inexistente , pese a que el fiscal ha interesado en diferentes ocasiones la práctica de diligencias cuya práctica viene siendo denegada de manera sistemática por la magistrada». La juez María Núñez Bolaños impuso una fianza de 12.000 euros al PP-A para ejercer la acusación popular que fue anulada después por la Audiencia.
La crítica aparecía en un recurso de reforma contra la negativa de la juez a reclamar informes a la Guardia Civil y a la Intervención del Estado pendientes desde 2015. La instructora acusaba al fiscal de querer abrir una «inquisitio generalis», un proceso inquisitorial , cuando no hay «indicio penal alguno». La Audiencia se puso del lado del fiscal y aseguró en un auto que la causa «avanza lentamente».
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