IU pide que la Cámara de Cuentas haga un informe anual sobre contratación pública

El grupo parlamentario de IU defiende este miércoles en la Cámara anzaluza una proposición de ley para reformar la Cámara de Cuentas. El objetivo es aumentar el control que la Cámara de Cuentas hace sobre el Gobierno andaluz y la gestión de la Junta de Andalucía. En este sentido, Izquierda Unida ha presentado una proposición de ley en el Parlamento andaluz que tiene pocos visos de salir adelante ya que Ciudadanos ha anunciado que se opondrá a su tramitación y la formación naranja tiene la llave que abre el paso a las iniciativas de la oposición.

La portavoz adjunta de IU, Elena Cortés, ha explicado que su propuesta tiene dos modificaciones «estratégicas» . Por un lado, que la Cámara de Cuentas pueda hacer un informe anual y evaluar de forma global cuestiones relativas a la contratación pública y, por otro, relacionado con el deber de colaboración y rendición de cuentas de los órganos que la Cámara de Cuentas fiscaliza y qué ocurre si no se cumple con ese deber.

La proposición de ley recoge un informe de la Comisión Europea en el que se exponen recomendaciones y se analiza la realidad de la corrupción en la UE, reflejando que «un 63 por ciento de los ciudadanos de este país consideran que la corrupción nos afecta personalmente».

Sobre las recomendaciones que dicta la Cámara de Cuentas, IU plantea que s e pueda sancionar al responsable del deber de colaboración y rendición de cuentas dado que la reforma incluye que se elaboren informes con el grado de cumplimiento de las recomendaciones que hace y que esto «tenga plasmación en el Parlamento, para mejorar la lucha contra la corrupción».

Así las cosas, IU entiende que su propuesta presenta una modificación «positiva» de la Cámara de Cuentas pues refuerza su transparencia, su fiscalización y abunda en el proceso de rendición de cuentas de los gobiernos ante el Parlamento, «algo a lo que el PSOE no está acostumbrado».

Cortés sostiene que la iniciativa es « compatible» con la oficina contra el fraude y la corrupción política que han pactado por decreto Ciudadanos y el Gobierno andaluz.