CASO ERE ANDALUCÍA
Peritos de parte sostienen que el Parlamento conocía las ayudas, pero Griñán no tenía «cabeza» para eso
Los interventores de auxilio judicial declaran que el Consejo de Gobierno «conoció» los graves problemas del sistema y no los atajó
El Consejo de Gobierno andaluz presidido por Manuel Chaves no movió un dedo para atajar las irregularidades en el sistema de los ERE pese a las reiteradas advertencias del interventor de la Junta . Si hubo alguna actuación, desde luego no la han encontrado, según declararon este martes en el juicio del caso ERE los peritos judiciales que han estudiado más de medio millón de folios en esta macrocausa y analizado las 270 ayudas sociolaborales y a empresas concedidas por la Junta de Andalucía.
« No hemos encontrado ninguna actuación directa del Consejo de Gobierno para atajar los graves problemas que se habían producido con las transferencias de financiación», contestó Ángel Turrión, jefe del equipo judicial de interventores estatales.
El letrado Luis García Navarro, que ejerce la acusación popular del PP, preguntó sobre el grado de conocimiento de las irregularidades que tuvo la cúpula del Ejecutivo autonómico. El abogado exhibió las memorias del control financiero permanente de entes como la agencia IFA/IDEA, el órgano instrumental de la Junta al que la Consejería de Empleo mandaba el dinero, vía transferencias de financiación, para pagar las ayudas que ésta concedía. El interventor alertaba en estos documentos que elevaba cada año al Consejo de Gobierno de que el citado mecanismo era inadecuado, dado que impedía controlar las ayudas y su destino.
A la vista de las memorias, el interventor estatal sostuvo que el máximo órgano ejecutivo «conoció» lo que estaba ocurriendo. «Entiendo que lo conocieron. Tomarían conciencia o no », apostilló. No fue hasta 2010 cuando desaparecen las transferencias «y vuelven los conceptos de subvenciones a empresas y familias» que, a su juicio, son los que exige la ley.
La afirmación del perito judicial encontró la réplica contraria de los juristas de parte. El profesor Juan Zornoza, propuesto por el expresidente andaluz José Antonio Griñán, utilizó como escudo protector al exinterventor general de la Junta , Manuel Gómez Martínez —acusado y presente en la sala— al asegurar que este funcionario no realizó un informe de actuación, la fórmula de máxima alerta que hubiera debido hacer si los incumplimientos eran tan «graves» como para provocar una actuación del Ejecutivo andaluz.
Grado de conocimiento
Manuel Chaves y José Antonio Griñán han gobernado la Junta durante 23 años y están acusados de idear el sistema fraudulento para subvencionar los ERE . Sin embargo, ambos declararon en el juicio que no conocían ni tenían por qué conocer el programa de ayudas que los ha sentado en el banquillo. Tanto el perito propuesto por Griñán como el de Magdalena Álvarez sostuvieron que su conocimiento sobre el programa de ayudas sociolaborales y a empresas es más superficial que el que tuvieron los parlamentarios que no mandaban y que votaron los proyectos de presupuestos de la Comunidad que el Consejo de Gobierno elevaba a la Cámara.
El letrado Luis García Navarro cuestionó a los peritos de parte si consideraban «verosímil» que «un diputado de a pie» pudiera conocer el programa, pero no así Chaves, Álvarez y Griñán y el vicepresidente Gaspar Zarrías, que son miembros del Consejo de Gobierno y además eran parlamentarios.
El profesor Zornoza explicó que era imposible que Griñán pudiera conocer las características del programa. « Tendría que tener una cabeza que no cabe en esta sala », dijo. Agregó que conforme más se subía en el escalafón de la Junta, «más alejado es el conocimiento de un concreto programa presupuestario».
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