Política
El Parlamento de Andalucía se abre al pacto contra los tránsfugas con dudas jurídicas y bronca
Un informe insta a la Cámara a revisar los criterios para expulsar a un diputado díscolo
La adaptación de las reglas de funcionamiento del Parlamento andaluz al Pacto Antitransfuguismo nacional se abre paso rodeado de dudas jurídicas en torno al texto y con polémica. El Pleno aprobó ayer su tramitación urgente con los votos a favor del PSOE, PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía . Vox, que no se adhirió este código de conducta política pactado por la mayoría de los partidos, se abstuvo, mientras que los ocho diputados no adscritos expulsados de la marca electoral fundada por Podemos e IU (Adelante Andalucía) votaron en contra de su toma en consideración. No hubo debate sobre la reforma exprés del reglamento, porque así se pactó en la Mesa del Parlamento, pero sí bronca . La expresidenta de Adelante y líder anticapitalista, que lidera el grupo de los expulsados por transfuguismo, mantuvo un rifirrafe en el Pleno después de que la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet (Cs), le negara el uso de la palabra. Teresa Rodríguez se quejó de que la Mesa de la Cámara no le había notificado su rechazo al recurso presentado por estos diputados para evitar que se diera trámite a la propuesta de reforma del reglamento que consideran inconstitucional. El texto presentado otorga más poder a los aparatos de los partidos para expulsar unilateralmente al diputado discrepante o a quien consideren un traidor.
Pero Rodríguez no se calló. Tras dos llamadas a capítulo so pena de expulsarla del salón de pleno, los diputados no adscritos expresaron su protesta palmeando la mesa y abandonando el salón de plenos tras la votación.
El texto que avala a posteriori la expulsión de Teresa Rodríguez y sus afines incorpora algunos de los puntos más controvertidos del Pacto Antitransfuguismo. El borrador, tal y como está planteado, genera «cierta inseguridad jurídica». Al menos así lo creen los servicios jurídicos de la Cámara que presentaron ayer su informe no vinculante a la Mesa del Parlamento. La letrada advierte de que la norma puede vulnerar la Constitución porque faltan criterios objetivos para expulsar a un diputado de un grupo . La reforma plantea tres casos: la baja voluntaria, la expulsión o el transfuguismo. Las tres figuras se solapan. «Esta inseguridad se ve acentuada», además, porque la acusación de transfuguismo «no depende de un elemento objetivo, sino que se conecta con la traición, concepto difícilmente aprensible y con un componente altamente subjetivo», sostiene. Por esta razón insta a revisar el borrador.
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