CASO ERE ANDALUCÍA
Otro auditor apreció riesgo de menoscabo de fondos públicos en las ayudas irregulares a ERE en 2012
Carlos Vaz se desdice de las críticas más contundentes que escribió en el borrrador del informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía
Carlos Vaz Calderón formó parte del equipo de la Cámara de Cuentas que fiscalizó las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis cuyo procedimiento está siendo enjuiciado por la Audiencia Provincial de Sevilla. En el banquillo se sientan, entre otros, los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán .
En su declaración como testigo en el juicio, este funcionario ha asegurado este martes que en el año 2012, cuando analizó 102 expedientes de ayudas irregulares , apreció «potencialmente riesgo de menoscabo de fondos públicos», entre otras razones, porque ya se habían dictado las primeras sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que «obligaban a devolver» el dinero al ser declaradas nulas las ayudas.
Vaz Calderón, que es hermano de un abogado del despacho Garrigues, el bufete que asesoró a la Consejería de Empleo para cambiar el sistema de ayudas, se ha desdicho de las manifestaciones sobre el papel de la agencia IFA/IDEA que recogió en el borrador previo al informe definitivo de las ayudas que encargó el Consejo de Gobierno andaluz . Tras la exhibición del borrador en la sala, Vaz ha señalado que «pedir que el IFA solucione un problema porque es entidad colaboradora cuando no tiene conciencia de ser una entidad colaboradora, me parece un exceso».
El fiscal Manuel Fernández Guerra le ha preguntado qué ha cambiado en septiembre de 2012 para que modifique su apreciación sobre este asunto o la emisión de un informe de actuación por parte de la Intervención de la Junta . Vaz ha contestado que «no he mantenido reuniones con nadie. El cambio viene del reposo de las cosas. En este informe se auditaban diez años de gestión con una documentación muy compleja por el desorden y el descontrol» y era «muy complicado casar los pagos con las ayudas», ha relatado.
El auditor ha insistido una y otra vez en que el IFA/IDEA , el ente de la Junta de Andalucía que pagaba las ayudas, «no tiene conciencia de ser una entidad colaboradora» porque «no hay norma reguladora de subvenciones».
Pese a los cambios que sufrió el informe durante su tramitación, Vaz ha afirmado que éste era «demoledor» y las concesiones de ayudas no acreditan el fin o interés público perseguido.
Respecto al convenio marco del 17 de julio de 2001 que firmaron la Consejería de Empleo y el IFA/IDEA por el que se encargaba a ésta el pago de las ayudas que concedía la Dirección General de Trabajo, el testigo ha ralatado que «jurídica y presupuestariamente no habilitaba nada» porque no incluye «una propuesta de gasto». Era un «acuerdo de voluntades, de estrategia y de intenciones», ha confirmado a preguntas del fiscal.
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