La otra oficina antifraude que la ministra Montero olvidó en un cajón cuando era consejera en Andalucía

La iniciativa la abanderaba la hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La entonces consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública anunció que iba a ponerse manos a la obra con el proyecto tras reunirse en noviembre de 2015 con el jefe de Unidad de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, Eduardo Cano. El objetivo era «garantizar un control riguroso de los recursos públicos».

Por aquellas fechas, el PSOE necesitaba gestos simbólicos que alejaran a Susana Díaz de la herencia envenenada de los ERE que se instruía en el juzgado. Hacía pocos meses que el dimitido presidente andaluz José Antonio Griñán había sido interrogado por el juez del Supremo como imputado y había dejado una frase que sentó como un tiro en el pie a los cargos de su partido: «No creo que hubiera un gran plan, pero sí un gran fraude y eso significa que algunos controles pudieron fallar».

Pasada la fiebre de los ERE —la juez María Núñez Bolaños imprimió un giro a la causa que le había dejado Mercedes Alaya y empezaron los archivos—, el proyecto encalló. A mediados de 2016, el Consejo de Gobierno rechazó una proposición de ley del grupo parlamentario de Podemos para crear la oficina alegando estaba «trabajando en la elaboración de una normativa adecuada» que le diera forma. Tras un anuncio previo de Díaz en el Pleno del Parlamento llegó por fin el proyecto de decreto en junio de 2017. La oficina propuesta no era un ente independiente, como pretende ser ahora, sino un apéndice de la Consejería de Hacienda. Se puso fecha a su puesta en funcionamiento: enero de 2018. Pero ahí terminó su corta vida . El 8 de octubre de 2018, Susana Díaz convocó elecciones anticipadas y el acuerdo firmado quedó en papel mojado.

El 19 de junio de 2019, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), le reprochó a sus antiguos aliados socialistas que el proyecto había naufragado por falta de interés. «Después de dos años mareando la perdiz y de interpelar yo a la señora Díaz y a la señora Montero y anunciarme que [...] antes del 21 de marzo se iba a traer el decreto al Parlamento; después se me dijo que en junio y ya en agosto no se me dijo nada, solamente se me dio una explicación por parte del Gobierno, y era que había un informe del Consejo Consultivo que decía que no se podía tramitar como decreto », contestó Marín a la diputada socialista Beatriz Rubiño. «María Jesús Montero siempre nos daba largas, y a quien realmente daba largas era a la corrupción y a los andaluces. Fue imposible, por ello rompimos el acuerdo de investidura», explicaba ayer el portavoz del grupo naranja, Sergio Romero.

Desde el Grupo Socialista tienen una versión distinta. Aseguran que un informe del Poder Judicial puso pegas al decreto porque argumentaba que la oficina no podía realizar funciones que corresponden a los jueces y fiscales e indagar en hechos que están bajo una investigación penal. «Llegaron las elecciones y no se pudo hacer», justifican fuentes de este grupo. El portavoz del PSOE en la Cámara, José Fiscal se abrió a apoyar la nueva oficina aunque criticó que desde la Junta «no han hablado» y «tiene muchas lagunas», como su encaje en el Parlamento.

En cambio, el portavoz del PP, José Antonio Nieto, saludó su creación porque, a diferencia de la que promovía el PSOE, el control «no lo va a tener el Ejecutivo, sino el Parlamento». «Va a ser la herramienta legal más potente y más moderna de todas las comunidades en la lucha contra el fraude».