Ofensiva legal de funcionarios interinos de fondos europeos para que la Junta de Andalucía los haga fijos
Llevan hasta diez años encadenando contratos temporales
Sesenta funcionarios interinos encargados de tramitar las ayudas financiadas con fondos europeos han presentado reclamaciones previas ante la Junta de Andalucía contra sus ceses el pasado 30 de abril, en pleno estado de alarma.
Algunos de estos extrabajadores llevaban más de diez años encadenando contratos temporales en la Administración tras haber superado al menos un proceso selectivo y, en la mayor parte de los casos, «habiendo aprobado la oposición para ser funcionarios de carrera sin plaza», según expone en las reclamaciones que firma el abogado Javier Arauz, que representa los intereses de 32 interinos.
En sus escritos dirigidos al Servicio Andaluz de Empleo, del que dependían algunos de los afectados, solicitan que apruebe un plan de estabilización para convertirlos en fijos al amparo de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 19 de marzo pasado.
El TJUE dejaba en manos de los tribunales españoles la imposición las sanciones disuasorias, entre las que menciona convertir a los interinos en «indefinidos no fijos» o concederles una indemnización por abusar de los contratos temporales para realizar servicios ordinarios y permanentes.
Un grupo de afectados ha mantenido contactos con responsables de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea para pedirles una solución «amistosa». De momento no han recibido respuesta a sus reclamaciones administrativas y están dispuestos a recurrir a la vía penal si no son atendidas sus demandas .
La versión de la Junta
Desde el Gobierno andaluz han justificado el cese de estos interinos argumentando que se trata de personal « contratado con un principio y un fin de contrato » y que «una vez pasada la fecha de extinción no tiene prórroga legal posible». Como consecuencia, aseguraron que estos trabajadores volverían a la bolsa. Han defendido que prevén aumentar la demanda de este tipo de personal por parte de los órganos gestores, por lo que con gran probabilidad estas bolsas de contratación vuelvan a vaciarse, como ha sucedido en los últimos años, indicaron las fuentes autonómicas.
El letrado Arauz, en cambio, señala que dicho personal interino ha venido desempeñando « en régimen de temporalidad simulada, abusiva y fraudulenta , sus servicios de forma constante y continuada durante más de 10 años». Hay en torno a 150 personas afectadas (A1100, Administradores Generales) que estaban adscritas a diferentes servicios relacionados con la tramitación de ayudas. Añade que dichos funcionarios temporales o interinos se dedican a «cubrir necesidades ordinarias de personal, de carácter permanente o estructural, utilizándolos para privarles de los derechos que son propios del personal fijo de carrera, entre ellos, de un mínimo de estabilidad». A su juicio se incumple la normativa nacional, directivas comunitarias y sentencias de la Justicia Europea.
Este grupo ha contactado con las autoridades europeas competentes para denunciar que las personas contratadas por un plan de choque financiado con fondos europeos, puesto en marcha durante la pandemia, «no están cumpliendo la totalidad de sus contratos, ya que están siendo llamados con demasiada tardanza». Amenazan con llevar a cabo concentraciones y protestas si la Junta no promueve su estabilización.
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