Núñez da datos de la red clientelar al fiscal el día que pide archivar el caso

La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer formalmente al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el archivo provisional de las diligencias que tratan de averiguar si 24 ex altos cargos de la Junta de Andalucía prevaricaron y malversaron fondos públicos en la gestión de las subvenciones para cursos de formación en Andalucía. Todo discurre según el guión anunciado el pasado mes de julio, cuando se filtró que tanto el juzgado como el Ministerio Público estaban determinados a darle carpetazo a este sumario que afecta a tres exconsejeros de Empleo.

Precisamente ayer, el mismo día que la Fiscalía pedía el sobreseimiento del caso, la instructora, María Núñez Bolaños, notificó al fiscal y a las partes un escrito dirigido por el PP al juzgado el pasado 22 de julio en el que le instaba a investigar, con ayuda de la Guardia Civil, un total de «38 empresas o entidades administradas, participadas o vinculadas a cargos anteriores o actuales del PSOE y del Gobierno andaluz o a socios y familiares suyos».

En vista de que la juez hizo caso omiso a estas diligencias y otras posteriores que también tuvieron la callada por respuesta, los letrados del PP, que ejerce como acusación particular, volvieron a presentarlas en el juzgado el 7 de septiembre. Pero hasta ayer, cuando ya el fiscal había allanado el terreno para sobreseer la causa, la magistrada no facilitó a las partes, mediante una providencia fechada el pasado viernes, este esclarecedor escrito para establecer si hubo una trama política vinculada a estas ayudas. El PP cuantificó en 101,16 millones de euros el dinero público repartido entre estas sociedades, con el detalle de cada ayuda recibida. Más de la mitad de los fondos (52,7 millones) fueron a parar al grupo Prescal, dirigido por el exconsejero y empresario Ángel Ojeda. Los populares anuncian que recurrirán el archivo cuando se produzca.