Así es el nuevo juez de los ERE

El nuevo instructor del caso ERE no es un recién llegado . Desde septiembre de 2013, Álvaro Martín ya venía realizando las funciones de juez de refuerzo cuando Mercedes Alaya estaba al frente del juzgado de instrucción 6 de Sevilla y siguió haciéndolo con María Núñez como titular del juzgado. Ambos compitieron por esta plaza cuando Alaya se marchó a la Audiencia de Sevilla, pero finalmente fue Núñez, que era juez de Familia, quien se la arrebató tras presentarse al concurso en el último minuto porque tenía más antigüedad.

Nacido en Cáceres hace 45 años , Martín preside desde marzo de 2014 la Asociación Profesional de Magistratura (APM) en Andalucía occidental , organización de corte conservador que aboga por la despolitización de la Justicia, y forma parte de la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la misma sala que forzó la salida de Alaya del juzgado y facilitó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le revocara la comisión de servicios que le había concedido inicialmente para instruir la causa de los ERE.

Como miembro destacado de la APM, Álvaro Martín da una de cal y otra de arena. Considera que la Justicia tiene que ser eficaz y no dilatar los procedimientos , una debilidad que se le ha achacado a Alaya, cuya instrucción daba la sensación de no acabar nunca. Además, lamenta el «acoso» a la que se está sometiendo a los jueces «desde la esfera política».

La organización judicial de la que forma parte propone un cambio en el sistema de elección de los vocales del CGPJ , para que no sean seleccionados las Cortes Generales, por los partidos políticos, porque esto « no hace sino politizar la imagen de nuestro sistema judicial». En su lugar, aboga porque sean elegidos por los propios jueces y magistrados.

Álvaro Martín es de los jueces que se mojan cuando hay que mojarse. Hace un año censuró los «innumerables obstáculos » de la Junta para que avance la investigación de los cursos de formación. Era su respuesta a la falta de colaboración del Gobierno andaluz por su demora para nombrar a funcionarios que se encargaran de la «rápida digitalización de los expedientes sobre formación».