Junta, Gobierno y Justicia se reprochan la incertidumbre sobre el fin del estado de alarma

A solo cinco días de que el domingo cambie todo, poco se sabe sobre el nuevo escenario. El Gobierno parece decidido a no hacer nada más. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, está convencida de que las comunidades autónomas cuentan con «herramientas e instrumentos suficientes» para seguir controlando la pandemia. Darias recomienda ser estrictos con el rastreo de casos y la secuenciación «para poder aislar el virus», además de la vacunación y señala al «semáforo»de niveles de alerta acordado por el Gobierno con las comunidades en octubre como guía de actuación para aplicar medidas en función de la incidencia.

Más pendiente en el 4-M electoral, el Gobierno se ceñirá a dar continuidad mediante decreto a medidas menores que no tienen relación con derechos fundamentales y que estaban sujetas al estado de alarma. Se desconoce si habrá una intervención del presidente del Gobierno previa al 9 de mayo que pueda aportar novedades . Si no es así, el Consejo Interterritorial de Salud del miércoles debería ser el que defina estrategias ante el nuevo escenario al que se enfrentan las comunidades, perplejas por la negativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez a abordar mediante una reforma de la Ley de Salud Pública una regulación de limitaciones en pademia.

El Consejo Interterritorial se reune el miércoles, el mismo día que deberían hacerlo los comités provinciales de alerta de la Junta de Andalucía para definir los pueblos con alta incidencia Covid que seguirán bajo restricciones de movilidad y limitaciones a la actividad no esencial. Antes, el comité de expertos que asesora a la Junta sobre la evolución de la pandemia debería definir el marco de medidas a aplicar a partir del domingo sin estado de alarma, pero no podrá hacerlo hasta que el Gobierno informe a las comunidades. Los expertos, previsiblemente, no se reunirán antes del jueves.

Apesar del escaso margen de tiempo que resta, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no pierde «la esperanza» de que en estos días el Gobierno tramite por urgencia una modificación de la Ley de Salud Pública o de otras normas para que las comunidades autónomas tengan un respaldo jurídico y no estén «desnudas» a la hora de restringir la movilidad o el toque de queda a partir del 9 de mayo. Moreno recordó que ese marco normativo fue prometido por el Gobierno.

«El domingo decae el estado de alarma y con él cae todo. Las comunidades autónomas estamos maniatadas y cuando se está maniatado no se puede combatir con entereza y determinación una pandemia tan compleja como la del Covid-19», lamentó Moreno. Si no llegan noticas del Gobierno, la Junta descarta solicitar un estado de alarma solo para la comunidad, a menos que la incidencia acumulada media a 14 días se dispare a más de 700 casos por cien mil habitantes. Ayer estaba en 212 casos, con clar tendencia a la baja.

Si se mantiene esta evolución positiva la Junta se ceñirá a aplicar medidas en las que sea competente, como regular los horarios de actividades no esenciales. En cuanto a municipios con alta incidencia, la Junta solicitará al juzgado aplicar las medidas de movilidad y cese de actividad. Se desconoce si tras la caída del estado de alarma mantendrá el actual baremo de cerrar perimentralmente los municipios con tasas superiores a 500 casos por cien mil habitantes y, además, aplicar cierre de comercios y hostelería en aquellos que superen el millar de casos.

Tener que recurrir ahora a los tribunales hace perder «un tiempo precioso», señaló Moreno. «Todo esto se podría haber evitado» con «buena voluntad, cogobernanza, determinación y liderazgo del Gobierno». De mantenerse las medidas en vigor sobre municipios con alta incidencia, y en virtud de los datos de ayer, habría que tramitar medidas de cierre perimetral para 101 municipios a partir del domingo.

Los tribunales de Justicia respaldaron entre junio y octubre todas las restricciones acordadas por la Junta sin estado de alarma. La Junta, no obstante, teme que en esta nueva etapa pueda haber disparidad de criterios por lo que solicitó una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Lorenzo del Río , y la fiscal Superior, Ana Tárrago. Ambas instancias judiciales rechazaron el encuentro.

Tárrago, como antes hizo Del Río, aseguró ayer que no puede «ayudar ni asesorar ni colaborar» con el Gobierno autonómico sobre este asunto.

En declaraciones a Canal Sur Radio, la fiscal superior dijo carecer de competencias para ello y admitió que en este momento no sabe con qué situación legal nos vamos a encontrar a partir del 9 de mayo por lo que está a la espera de que la Fiscalía General del Estado dé «directrices concretas» a las fiscalías. Al menos, Tárrago aseguró que la Fiscalía Superior de Andalucía no actuará «de oficio » ante las posibles medidas de la Junta, sino que lo hará si le llega algún escrito solicitando su impugnación. «Si no se impugnan las medidas, seguirán adelante», puntualizó.