Cambios en la legislación urbanística
Una nueva ley de la Junta de Andalucía marcará el suelo rústico que se podrá recalificar
El Consejo de Gobierno inicia los trámites para aprobar por urgencia una norma que impulsará la iniciativa privada empresarial
Un año lleva el Gobierno andaluz trabajando en la nueva redacción de la Ley la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), la norma que va a modificar toda la regulación existente en materia de urbanismo y ordenación del territorio. El Consejo de Gobierno aprobó iniciar su tramitación ante el Parlamento y hacerlo por la vía de urgencia para que esté aprobada en el plazo máximo de un año.
El espíritu de la nueva normativa es el mismo que el del decreto de simplificación de trámites administrativos, el superdecreto del Gobierno andaluz: reducir al máximo lo que denomina «maraña burocrática» de la Junta que, a juicio del Gabinete de Juanma Moreno, frena la inversión y el desarrollo de Andalucía. En la actualidad hay vigentes 235 normas urbanísticas diferentes, una ley que tiene 18 años de antigüedad y que ha sufrido once modificaciones. Fruto de todo ello es que en Andalucía hay 496 planes generales urbanísticos sin aprobar y cuya tramitación se lleva dilatando nueve años.
Así, esta nueva ley del suelo, modifica 25 normas existentes, derogando tres leyes y tres decretos además de modificar otras 19 normas.
La nueva normativa establece cuatro clasificaciones para los terrenos rústicos, identificando los que son susceptibles de recalificaciones urbanísticas . Estos suelos se denominarán rústicos de uso común y se diferenciarán del suelo rústico especialmente protegido (requieren tal condición por aplicación de la legislación sectorial de aguas o medio ambiente); suelo rústico preservado por existencia de riesgos (medioambientales, sísmico, deslizamientos...); y, finalmente, suelo rústico preservado por ordenación territorial y/o urbanística y cuya transformación es necesaria preservar (por motivos paisajísticos, agrícolas...).
La normativa impulsada por el departamento que dirige la consejera de Fomento y Vivienda, Marifrán Carazo, también impulsa el papel de la iniciativa privada empresarial en la gestión y la ejecución de planes urbanísticos y en las actuaciones de transformación del suelo. «Son demasiados los proyectos de inversión que se han quedado en los cajones de la Junta por no contar con una normativa ágil y porque las trabas burocráticas han sido un freno a la inversión», afirmaba ayer Marifrán Carazo.
Precisamente en esta línea de «remover trabas innecesarias», la normativa propuesta por el Gobierno andaluz también establece novedades en los mecanismos de compensación de manera que se pueda tramitar de manera simultánea el instrumento de ordenación, el proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización. Además, incorpora otros instrumentos urbanísticos para proyectos de renovación urbana en suelo urbano sin necesidad de modificar el PGOU y los denominados proyectos de actuación municipal por los que se podrán regular los usos en los terrenos en que se planeen actuaciones extraordinarias en suelo rústico.
En opinión de Carazo, «esta ley ofrece coherencia, información clara y seguridad jurídica para los ayuntamiento s y los particulares, ayudará a que se superen situaciones como la de los planes urbanísticos que han tenido problemas judiciales y facilitará que haya también menos conflictividad judicial».
Críticas de la oposición
Pero la visión de los grupos de la oposición del PSOE y Adelante Andalucía es totalmente opuesta. El portavoz adjunto del PSOE, Rodrigo Sánchez Haro considera que la norma «favorece la especulación» , un camino que los socialistas entienden que lleva meses transitándose. «El señor Moreno Bonilla está ocultando a la opinión pública que en estos últimos dos meses han realizado siete u ocho modificaciones de la vigente Ley de Ordenación Urbanística y, siempre, por la puerta de atrás, sin debate en el Parlamento, sin participación de la ciudadanía».
También fue muy crítica la portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, quien denunció que el «único» propósito de esta ley es «reflotar e inflar la burbuja inmobiliaria que causó la crisis de 2008».
Según la portavoz morada, la tramitación de esta reforma legislativa, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta, incide en los mismos problemas que «nos han llevado a sufrir una década de problemas económicos sin precedentes». Ante las circunstancias económicas actuales, «este Gobierno debe generar más oportunidades para los andaluces más allá del turismo, la especulación, la construcción y los campos de golf» .
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