MEDIO AMBIENTE
Gas Natural inicia los trabajos de su proyecto en el entorno de Doñana
Podemos y ecologistas piden la paralización de las actuaciones
Gas Natural ha confirmado este lunes que ha iniciado los trabajos del proyecto Marismas Occidental, que está operativo como almacenamiento desde al año 2012 y fuera del espacio natural Doñana, cuenta con «la autorización de todas las administraciones implicadas» y «carece de aspecto especulativo alguno».
Así lo han señalado fuentes de la compañía a Europa Press, que han recordado que el proyecto obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en septiembre de 2010 y la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que concedió la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en noviembre de 2010.
Asimismo, en marzo de 2016 el proyecto obtuvo la declaración de utilidad pública y la autorización administrativa. De esta manera, conforme a la programación prevista, «la compañía ha iniciado los trabajos en la zona».
El proyecto Marismas Occidental, en el término municipal de Almonte (Huelva), prevé la realización de dos sondeos exploratorios, desde los mismos emplazamientos donde hoy existen los pozos en activo, y la sustitución de 5,2 kilómetros de gasoductos que discurrirán por el mismo trazado que los ahora existentes. «El objetivo es actualizar las infraestructuras para adecuarlas a las nuevas capacidades», han señalado.
Según han destacado, el proyecto «no consolida actividad industrial alguna» y es «un proyecto recogido en planificación estatal y regulado por la administración careciendo, por ello, de aspecto especulativo alguno».
De esta manera, han apuntado que esta infraestructura es «compatible» con las actividades desarrolladas en la comarca, ya que «discurre, en su mayor parte, por caminos y los trabajos se han programado fuera de las campañas agrícolas para no interferir, así, con otros trabajos en la zona«. Asimismo, han recordado que durante la fase de exposición pública para la ocupación temporal de terrenos, «todos los propietarios se mostraron de acuerdo».
Por ultimo, Gas Natural ha detallado que, durante la fase de sustitución del gasoducto y de realización de sondeos, se espera que trabajen en torno a cien personas en el proyecto de forma directa, más un importante número de empleos indirectos.
La compañía ha recordado que el conjunto de esta infraestructura, contemplado dentro de la Planificación Energética nacional y calificado como urgente, supondrá «una inversión superior a los 200 millones de euros», y «contribuirá de forma clara a la dinamización económica del entorno y de la comunidad».
Asimismo, ha insistido en que el proyecto «no está en el Parque Nacional de Doñana», y ha recordado que «la actividad de explotación de yacimientos de hidrocarburos se viene llevando a cabo en los mismos emplazamientos desde hace 30 años y no se ha descrito una sola afección derivada de esa actividad al entorno de Doñana».
Al respecto, el grupo parlamentario de Podemos hará constar en el pleno de la Cámara de esta semana su solicitud de paralización cautelar de las obras del proyecto Marismas Occidental hasta que se evalúe los impactos ambientales acumulativos del proyecto en su conjunto.
La diputada Mercedes Barranco ha explicado que la paralización se debe producir «hasta que la Comisión Europea resuelva el expediente abierto a España» y ha indicado que durante el pasado junio la Comisión solicitó información adicional, como saber si se han realizado los estudios geológicos adicionales que la Declaración de Impacto Ambiental exigía.
Igualmente, la asociación Ecologistas en Acción ha solicitado al Gobierno central en funciones, a la Junta de Andalucía y al Consejo de Participación de Doñana la paralización cautelar «inmediata» del proyecto, consistente en el almacenamiento subterráneo de gas natural en la comarca y la creación de las infraestructuras necesarias para ello.
Los trabajos, ya iniciados, suponen una «barbaridad», según ha indicado asimismo a Europa Press el portavoz de WWF en Andalucía, Juan José Carmona, que ha criticado la «política de hechos consumados» llevada a cabo por parte de la empresa respecto a un procedimiento que aún cuenta con recorrido en los tribunales e incluso en instancias europeas.
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