Málaga
El museo que abrió dos horas y costó más de siete millones
El fiasco del Museo de las Gemas sigue engrosando su factura al Ayuntamiento de Málaga, ahora condenado por un juez a pagar el canon de dos años a la promotora
Apenas dos horas duró la andadura de Art Natura . El centro que iba ocupar las renovadas instalaciones del edificio de Tabacalera en Málaga abrió y cerró sus puertas en la misma mañana del 18 de enero de 2012. Fue el principio del fin de un proyecto museístico que encabezó la apuesta cultural del alcalde, Francisco de la Torre, y que ha dejado una mancha en el historial de la siempre elogiada «ciudad de los museos».
La semana pasada el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo condenó al Ayuntamiento de Málaga a pagar 1,8 millones de euros en concepto de canon a Royal Collection, la promotora que iba a traer a la capital el Museo de las Gemas, que bajo el paraguas de Art Natura, ocuparía el emblemático edificio junto a un museo de Ciencias de la Tierra y Ciencias de la Vida. En el interés del Ayuntamiento en traer a Málaga los fondos de la Royal Collection tuvo mucho que ver el éxito de la exposición que acogió la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.
El lugar no tenía permiso de bomberos y muchas piezas ni siquiera estaban
Esos 1,8 millones de euros corresponden al canon de 2011 y al primer trimestre de 2012, que el Consistorio deberá abonar como compensación a la promotora. La cantidad se suma, además, a los 5,6 millones que había tenido que abonar en los años previos. Nunca unas piedras preciosas habían salido tan caras sin ni siquiera verlas. El frustrado Museo de las Gemas ha dejado una escandalosa factura para las arcas municipales: 7,4 millones de euros. Eso sin tener en cuenta los más de 20 millones presupuestados para las obras de rehabilitación de Tabacalera.
Recurso
De la Torre aseguró esta semana que la sentencia está siendo analizada para estudiar si se interpone o no un recurso y, además, rechazó la postura de la magistrada, quien culpa tanto al Ayuntamiento como a la empresa del fracaso de esta iniciativa cultural. « Nos hemos esforzado en cumplir el contrato para que todo el proyecto pudiera ser realizado», señaló el regidor.
Aunque obliga a pagar al Ayuntamiento, la magistrada ha rechazado la petición de indemnización de la promotora, que reclamaba 4,8 millones de euros, así como la devolución de los más de cinco millones entregados a la entidad entre 2007 y 2010 que pedía el Ayuntamiento por otro lado. Una batalla judicial que se remonta al año 2011.
Ultimátum
Tras varios retrasos en los plazos de apertura marcados —primero en 2009 y, posteriormente, en 2010— Art Natura solicitó la rescisión del contrato. Pero elConsistorio acordó exigir su cumplimiento a la adjudicaría y, al finalizar las obras en septiembre de 2011, la Junta de Gobierno Local dio un ultimátum de 120 días a Art Natura para la apertura del Museo.
La entidad cumplió y abrió sus puertas el 18 de enero de 2012, pero la inauguración fue esperpéntica. A las dos horas de estar abierto, la Policía Local ordenó su cierre al carecer de los permisos preceptivos de Bomberos. Tampoco tenía licencia de apertura ni puertas de seguridad. Las escaleras mecánicas no funcionaban y no había agua en muchos lavabos. Para más «inri», las piezas de la colección ni siquiera estaban allí.
La empresa promotora sigue litigando pero no se le ha concedido indemnización
En septiembre de ese mismo año Art Natura abandonaba Tabacalera y desde entonces el Ayuntamiento y Royal Collections se reclaman mutuamente indemnizaciones millonarias . En este polémico caso no falto la comisión de investigación correspondiente impulsada por los grupos de la oposición, que con la reciente decisión judicial vuelven a tachar el proyecto de De la Torre como «el mayor fiasco económico» en la historia reciente de Málaga.
El portavoz socialista, Daniel Pérez , ha remitido una carta al regidor solicitando la convocatoria de un pleno extraordinario en el que asuma su responsabilidad. Según Pérez, el documento rubricado entre el Consistorio y la empresa «no contempló ninguna garantía económica en caso de incumplimiento del contrato» y considera que fue «una irresponsabilidad» asignar más de 38 millones de euros del erario público «sin tener el más mínimo colchón de seguridad».
