Moreno pide a Sánchez más confinamiento y hacer test a toda la población
Demanda más celeridad en el reparto de material de protección. El Consejo de Gobierno aprueba la compra de tres millones de mascarillas
El mapa de los 1.961 casos positivos por coronavirus en Andalucía
La situación en Andalucía sigue estando controlada, con un número de contagios que, «de momento» refleja una menor incidencia que en otros territorios de España y con una tasa de mortalidad similar a la que está sufriendo Alemania y que es de las más bajas de Europa.
Así lo dijo ayer el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien a pesar de mantener la «lealtad» ante el presidente del Gobierno Pedro Sánchez es partidario de una política más restrictiva, de tomar decisiones que se adelanten al avance del virus. En la videoconferencia de presidentes autonómicos con Sánchez, Juanma Moreno pidió la extensión a toda la población de los test de detección del coronavirus , siguiendo así el método que han seguido en Corea y que les ha dado buenos resultados. Si se conocen todos los positivos, aunque la mayoría sean asintomáticos, será más sencillo reducir el contagio.
Sin esperar a la decisión del Gobierno central, la Junta ha puesto en marcha diez puntos de recogida de muestras para realizar los diagnósticos en los coches de los pacientes que hayan sido citados previamente por sus médicos por presentar síntomas o por ser personal funcionario sometido a riesgos (sanitarios, fuerzas de seguridad...).
El presidente andaluz es partidario de aumentar las medidas restrictivas a la población . «Si hemos decidido parar, hagámoslo al completo. Paramos de verdad y no a medias porque si no estamos haciendo daño a la economía y al mismo tiempo, hay pequeñas fugas de contagios. Para que el movimiento de personas sea el menor de los posibles». En este sentido, demandó al presidente del Gobierno controles más restrictivos en la Verja de Gibraltar para evitar el paso de turistas y también el cierre de todos los puertos y los aeropuertos, salvo para el tránsito de mercancías. Una medida apuntada por la Unión Europea y que se hará efectiva la próxima medianoche, según confirmó el Ejecutivo central.
Material de protección
El envío de material de protección como mascarillas y equipos para los sanitarios sigue estando en el centro de la polémica, como ha venido ocurriendo desde el inicio de la crisis sanitaria. El presidente andaluz demandó a Sánche z más coordinación y la entrega del material a las comunidades autónomas, ya que está habiendo problemas de suministros, una queja que es similar en el resto de comunidades autónomas.
El Ministerio de Sanidad anunció precisamente ayer que ha enviado a Andalucía 444.083 mascarillas , si bien el Ejecutivo regional sólo confirma la recepción de 105.000 hasta ayer por la noche y están a la espera de la llegada del resto anunciado.
Ante esta situación, el Gobierno andaluz ha decidido, siempre con la autorización del Ministerio de Sanidad, realizar compras por su propia cuenta para hacer acopio de material de protección para Andalucía.
Y para resolver este asunto, el Consejo de Gobierno se reunió ayer de forma urgente y extraordinaria por vía telemática para modificar el decreto ley 3/2020 (el que regula los pagos asociados a la lucha contra el coronavirus) para poder pagar por adelantado la totalidad del precio de las mascarillas que ha comprado en China.
Así, se dio luz verde a la compra de tres millones de mascarillas quirúrgicas procedentes del país asiático por un importe de 1.016.400 euros, con el compromiso de entrega para la semana que viene.
Estas mascarillas se suman a los dos millones que ya se han comprado en China, de las cuales 75.000 han llegado este fin de semana, mientras que otro 1,4 millones se recibirán también la próxima semana.
No es la única compra de la Junta. El presidente Juanma Moreno anunció que se han comprado respiradores para atender a la demanda . Concretamente, 326 invasivos y 56 no invasivos. Esta es, además, la línea de trabajo que va a seguir el Gobierno andaluz, acudiendo a los mercados al margen de la compra centralizada que realiza el Gobierno central y que después distribuye en función de la demanda entre las comunidades.
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