Montero se da una semana para implantar las 35 horas a los funcionarios tras el revés del Constitucional

La consejera de Hacienda asegura que va a llevarlo al próximo Consejo de Gobierno y justifica el freno por una cuestión de «cautela»

María Jesús Montero, el pasado martes en el Parlamento andaluz RAUL DOBLADO

ABC/ A. R. V.

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha garantizado este miércoles que en la próxima sesión del Consejo de Gobierno se ratificará el acuerdo con los sindicatos para elevar la jornada en la administración de 35 a 37,5 horas semanales y ha asegurado que no hay «incertidumbres ni inseguridad jurídica», a pesar de que al día de hoy los empleados públicos desconocen cómo se van a computar estas hora y la situación en la que quedarán los contratos de sustituciones.

Montero, que ha respondido hoy en el Parlamento andaluz a varias preguntas de Podemos, IU y PSOE sobre este asunto , ha señalado que ayer el Consejo de Gobierno compartió el acuerdo al tener conocimiento de él, pero que ha tenido la «cautela» de comunicarlo antes al Tribunal Constitucional para que no haya «ninguna duda», en el actual «contexto político», de que acatan la sentencia.

Ha hecho hincapié en que no hay ninguna inseguridad jurídica respecto a este acuerdo , pero el Gobierno ha entendido que «en el contexto político actual es un elemento obligado que se vea que el Gobierno andaluz acata y cumple la sentencia».

Ha indicado que la posición del Gobierno andaluz está «meridianamente clara» aunque algunos quieran «leer incertidumbre» , ya que ha asegurado que no se alterarán los turnos, ni las planillas, ni los horarios presenciales ni los contratos generados por la aplicación de las 35 horas: «No hay ninguna duda».

«Las organizaciones sindicales, por unanimidad, acordaron con nosotros ese acuerdo, que se ratificará en el próximo Consejo de Gobierno», ha manifestado Montero.

La consejera ha detallado que la jornada laboral de los empleados públicos tras la sentencia del TC será de 37,5 horas , de las cuales 35 horas serán exigibles presencialmente y otra media hora diaria se dedicará a actividades «necesarias», por lo que espera que «de forma definitiva se disipe cualquier duda» sobre la aplicación.

Ha hecho un llamamiento a Podemos e IU como «fuerzas de izquierda», que son «aliadas» en la defensa de la recuperación de los derechos públicos , para que hagan «presión» ante los próximos PGE en esta materia, y ha ironizado con la actuación del PP, ya que si la intermediación que prometió su líder, Juanma Moreno, «es para que caiga la sentencia, que no nos ayude, porque al final es peor».

La diputada de Podemos Carmen Lizárraga ha señalado que se está provocando incertidumbre al sector y ha afeado al Gobierno autonómico que no haya tenido la credibilidad que esperaban.

Ha denunciado que el PP «cada vez que puede aplica el rodillo del centralismo » y ha indicado que da la sensación de que, tanto los populares como los socialistas, han estado «jugando con el empleo público a la improvisación y la incertidumbre».

Por parte de IU, Elena Cortés ha cuestionado si el tipo de dificultades que ha encontrado la Junta para no ratificar ayer el acuerdo han sido «inseguridades» y ha mantenido que los empleados públicos «no pueden tener la sensación de que tanto PP como PSOE están jugando con ellos».

Cortés ha exigido «rigurosidad» y que se mantenga la propuesta y los empleos que se generaron al implantar las 35 horas . El socialista Jesús Ruiz ha denunciado el «desprecio» a los empleados públicos del Gobierno de Mariano Rajoy «aprovechando la excusa de la crisis», por lo que ve la sentencia como una «oportunidad» para que desde Andalucía se vuelva a demostrar que sí se defiende a los empleados públicos.

Montero se da una semana para implantar las 35 horas a los funcionarios tras el revés del Constitucional

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