Andalucía
La patronal agraria exige la dimisión de la ministra de Trabajo por pedir que se investigue si hay esclavitud en el campo
Indignación en Asaja, que pide el cese de Yolanda Díaz por «irresponsable»
El Ministerio de Trabajo, cuya titular, la ministra Yolanda Díaz, forma parte de la cuota de Podemos en el Gobierno de Pedro Sánchez, ha levantado una polémica con una instrucción a los inspectores de Trabajo específica para la campañas agrícolas de mayo y junio de este año. En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, incluye un cuestionario con preguntas del tipo ¿presenta el trabajador indicios de malos tratos como magulladuras en las manos? ¿Hay signos visibles que indiquen que el trabajador no puede abandonar el lugar de trabajo, como alambradas o la presencia de guardianes? Las asociaciones agrarias de la patronal, como Asaja, han pedido la inhabilitación y dimisión de la ministra, porque pone en duda a la agricultura española y la considera como si estuviera en un nivel de «esclavitud».
«¿Presenta el trabajador indicios de malos tratos, como magulladuras?», es una de las preguntas
En el preámbulo del documento mandado a los inspectores —cuyo nombre es Nota para la actuación inspectora—, se hace hincapié en que «los abusos que se pueden producir en el campo no se circunscriben únicamente a cuestiones en materia de Seguridad Social o, en el caso de trabajadores extranjeros, d e faltas de autorización para trabajar, sino que se extienden a cuestiones laborales relativas a tiempo de trabajo, salarios, así como supuestos de prestaciones de servicios a través de la intermediación empresas o personas físicas que actúan de forma ilegal en el mercado laboral; y también cuestiones relativas al ámbito de la prevención de riesgos laborales». En este último punto se basan para que los inspectores pregunten a los trabajadores agrícolas ahora en tiempos del coronavirus si «les suministran epis (trajes de protección individual) gratuitamente o debe comprarse cada trabajador su propio equipo».
Pero no es esta la cuestión que más ampollas ha levantado en las organizaciones agrarias. En el apartado de «signos de violencia física, verbal o amenazas» hay otras como las que siguen: «¿Presenta el trabajador indicios de malos tratos, como magulladuras? ¿Muestra signos de ansiedad? ¿Existen otros indicios de confusión mental o de violencia? ¿Muestran los supervisores/empleadores un comportamiento violento? ¿Realiza el trabajador declaraciones incoherentes o muestra signos de pérdida de voluntad por presión del empleador? ¿Notifican los trabajadores las amenazas dirigidas contra ellos, sus compañeros o miembros de su familia? Para hacer este tipo de pregunta Trabajo se escuda en informes de «distintos tipos de asociaciones, medios de comunicación o incluso que la Administración , ya ha alertado sobre el posible incremento de casos de explotación laboral y de trata de seres humanos en el sector agrícola dada la excepcional situación que se está viviendo actualmente». En esta enumeración no cita ninguno concreto. Cabe recordar que no es la primera vez que antes de iniciar una campaña agrícola se mueven informaciones a nivel nacional e internacional contra las condiciones laborales del campo, muchas veces auspiciadas por sectores de la extrema izquierda.
Siguiendo con el cuestionario sobre signos de violencia física, Inspección de Trabajo también preguntará si «¿Existe algún indicio de que el trabajador haya sido objeto de intimidación o chantaje (con o sin la complicidad del empleador)? ¿Muestra el trabajador un comportamiento ansioso?
A lo largo de esta instrucción cabe destacar que en varias ocasiones, desde el Ministerio de Trabajo, ordenan que estas inspecciones tendrán que realizarse acompañados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir Policía Nacional y Guardia Civil , y que al menor indicio de delito se acuda con una denuncia ante la autoridad judicial y Fiscalía.
Libertad de movimientos
No menos llamativas, son las preguntas que tendrán que llevar a cabo los inspectores en el apartado de «Restricciones a la libertad de movimientos de los trabajadores». En éste tema se engloban las siguientes: «¿Está el trabajador encerrado en el lugar de trabajo? ¿Se obliga al trabajador a dormir en el lugar de trabajo? ¿Hay signos visibles que indiquen que el trabajador no puede abandonar el lugar de trabajo, como alambradas o la presencia de guardianes u otras limitaciones de este tipo? ¿Se amenaza al trabajador para que no lo abandone? ¿Tiene el trabajador la capacidad de salir del lugar de trabajo?» . O las relativas a las comunicaciones con su entorno y con sus familias, donde demandarán si el trabajador tiene la posibilidad de comunicares con su familia, pueda regresar fácilmente a su lugar de origen o existen multas y sanciones económicas si abandona el trabajo por motivos de salud u obligaciones familiares».
La organización agraria Asaja ha lamentado la «sorprendente» campaña para tratar de detectar casos de «esclavitud o prácticas similares» en explotaciones agrícolas, y ha considerado «inaceptable» que se ponga en «duda» al sector. En un comunicado, la patronal agraria ha señalado que esa «duda» que se proyecta «no tiene nada que ver con la realidad actual del campo español» y que mensajes sobre la posible existencia de trabajadores en situación de «esclavitud no ayudan a la convivencia pacífica» que mantienen Asaja y los sindicatos en la negociación colectiva. Asaja considera «inaceptable» que en el cuestionario de la ministra se hagan este tipo de preguntas. «Todas ellas son inaceptables y propias de alguien que obra de mala fe movida por un sectarismo ideológico inadmisible y un desconocimiento absoluto de la realidad, que le hacen estar incapacitada para desempeñar sus funciones de ministra», añade el escrito.
«Cese fulminante»
Por ello, la patronal ha resaltado, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería «cesarla de forma fulminante o de lo contrario se entendería que apoya este ataque a nuestro sector». Además, la ministra, en vez de «atacar a los agricultores y ganaderos», debería «empezar por sancionar e inspeccionar a alguno de sus compañeros de partido, muy representativos, que son los que no pagan la Seguridad Social». Asaja recuerda que en los últimos meses han sido los primeros en «colaborar solidariamente con sus pueblos y vecinos en labores de todo tipo durante la pandemia a consecuencia del Covid-19, como la fumigación con desinfectantes en los tractores». Por último, Ricardo Serra, presidente de Asaja en Andalucía afirma a ABC «que nuestros competidores aprovechan estos bulos para amplificarlos y hacernos mucho daño, sobre todo en mercados tan sensibles como el de las exportaciones a Centroeuropa».
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