Medidas Covid Andalucía

La Junta limitará la movilidad en Andalucía en mayo si la incidencia de la pandemia es superior a 150

TSJA y Gobierno andaluz reprochan al Gobierno la falta de herramientas para gestionar la crisis sanitaria sin estado de alarma, que decae el 9 de mayo

Del Río, Campos y Marín Vanesa Ruiz
M. Moguer

M. Moguer

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El estado de alarma , el paraguas sobre el que se sustentan las limitaciones de derechos fundamentales como el cierre de la movilidad o el toque de queda, decae el 9 de mayo . Pero, según avanzó el vicepresidente de la Junta en unas jornadas organizadas por Europa Press, Andalucía quiere mantener la limitación de la movilidad de los andaluces si la tasa de incidencia de la pandemia es entonces superior a 150 casos por cada cien mil habitantes.

No es una cifra muy alta aunque sí es la frontera que marca el riesgo alto por coronavirus. Y no es alto porque desde hace meses Andalucía está por encima de esa cifra . Tan solo en los valles posteriores a la segunda y tercera ola se bajó hasta los 120 puntos. Como referencia cabe destacar que Andalucía está ahora mismo en 180 casos por cada cien mil habitantes.

Sin embargo Andalucía no contará entonces con el aval del estado de alarma y, por lo tanto, tendrá que someter esas medidas para el control de la pandemia a la confirmación de los jueces, que deberán avalarla.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, expresó sus dudas sobre si la comunidad puede limitar derechos fundamentales en territorios amplios y «de forma intensa». Así, Del Río señaló que «las comunidades con la legislación actual no tienen capacidad de restricción de derechos fundamentales a gran escala».

Para Marín, eso supone un problema enorme a la hora de la gestión de la pandemia. Y reprochó al Gobierno que «hemos tenido un año para diseñar la salida a esta situación», pero que no se ha abordado». El vicepresidente andaluzfue muy claro: «Sin estado de alarma no tenemos capacidad para legislar. Podemos tomar decisiones que tienen que ser avaladas por un juez».

«Hay plan B»

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo , se quedó solo en su defensa del fin del estado de alarma sin más herramientas para contener posibles rebrotes. Campo señaló que « e l ordenamiento jurídico no está aquilatado para atender a todas las realidad pero tenemos un con elementos» para la gestión de la situación.

Campos reprochó los cambios de parecer de la oposición a la hora de aceptar el estado de alarma. «Solo hay que mirar al pasado año para ver la dificultad que ha tenido un decreto de alarma en el Congreso». Para Campos «ahora parece que es necesario » pero pidió coherencia, en alusión a las reivindicaciones del PP y Vox para acabar con el estado de alarma en el último año.

El ministro de Justicia insistió en que «no hay inseguridad» y que España y las autonomías cuentan con «un plan B» porque «hay instrumentos normativos: cierre de bares, de la actividad...»

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