CASO ERE ANDALUCÍA
«Las más altas instancias de la Junta instauraron el sistema de los ERE para el rédito electoral del PSOE»
La acusación popular del PP asegura que el presidente de la Junta y el Consejo de Gobierno tuvo en sus manos poner fin al «dispendio de caudales públicos»
La acusación popular que ejerce el PP andaluz en el juicio de la denominada pieza política del caso ERE considera «acreditado» que «desde las más altas instancias de la Junta de Andalucía» se instauró un sistema para conceder subvenciones «cuya principal característica fue la ausencia total y absoluta de todo procedimiento legalmente establecido». Un sistema que tenía un doble objetivo político: «Conseguir la paz social y obtener un rédito electoral por parte del partido que sustenta el Gobierno andaluz, que es el Partido Socialista». A la vista de las pruebas practicadas tras diez meses de juicio, los abogados del PP sostienen que estuvo en las manos del presidente de la Junta y de sus consejeros «poner fin al dispendio arbitrario de caudales públicos» y «no lo hicieron».
Los letrados de esta acusación, Luis García Navarro y Lourdes Fuster, han presentado este miércoles su informe final en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán y 19 ex altos cargos del Gobierno andaluz acusados de prevaricación y/o malversación de fondos públicos por diseñar y mantener durante diez años un procedimiento de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
En el informe leído ante el tribunal, el abogado Luis García Navarro ha considerado «de especial importancia» para el proceso «la relación de especial confianza que fluye y conlleva los nombramientos de libre designación» de 21 ex altos cargos, por decreto del presidente de la Junta Manuel Chaves y aprobados por el Consejo de Gobierno. Hay que recordar que el PP atribuyó a los encausados un delito de asociación ilícita que el tribunal acabó rechazando.
Según el relato de hechos expuesto por el PP andaluz, queda en evidencia que los presidentes de la Junta y el Consejo de Gobierno estaban en « la cúspide de la pirámide» de responsabilidades trazado por la juez Mercedes Alaya en sus primeros autos durante la instrucción del caso ERE. Todos fueron «nombrados para los altos cargos», así como que «ejecutaron y permitieron ejecutar» el programa de ayudas a prejubilados y empresas en crisis bajo sospecha.
«Estuvo en las manos del presidente de la Junta y del Consejo de Gobierno y no lo hicieron haber puesto fin al dispendio arbitrario de caudales públicos con la indispensable colaboración» de la agencia IFA, luego denominada IDEA. El letrado puso de manifiesto la «responsabilidad in vigilando» del presidente de la Junta de Andalucía, que estaba al frente de un equipo de confianza que integraban los 21 ex altos cargos que se sientan en el banquillo.
La acusación popular ha asegurado que el sistema de ayudas causó un «expolio» de fondos públicos y supuso «una huida absoluta del Derecho Administrativo» . El letrado García Navarro citó algunas declaraciones del exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez, encausado en este proceso, ante el Tribunal Supremo, donde expuso que los consejeros de Hacienda, Innovación y Empleo, receptores de un contundente informe adicional en 2005 que alertaba de graves irregularidades en la concesión y pago de ayudas, pero «miraron para otro lado» y no actuaron.
El PP se adhirió al informe final de la Fiscalía en todo lo relativo a los actos administrativos susceptibles de imputarse a los acusados un supuesto delito de prevaricación , tales como el convenio marco de 2001 que consagró el sistema de ayudas, el uso inadecuado de las transferencias de financiación para pagar subvenciones, la aprobación de modificaciones presupuestarias para ampliar los fondos del programa 31L o la elaboración de los presupuestos de la Junta que incluían las denominadas transferencias.
El abogado García Navarro añadió un acto administrativo más, que era la aprobación por el Consejo de Gobierno de los sucesivos Programas de Actuación, Inversión y Financiación de la agencia IFA/IDEA, los denominados PAIF, que recogían que «se estaba empleando las transferencias de financiación en el pago de subvenciones y no en el destino legalmente previsto», que era compensar las pérdidas y ganancias de esta entidad pública.
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