Más de 33.000 andaluces con severa y gran dependencia, en lista de espera

En Andalucía 33.192 personas con dependencia grave o severa están en lista de espera. No pueden valerse por sí mismas pero permanecen en el limbo de la Ley de Dependencia. Los servicios sociales han reconocido su condición de dependientes, lo que les da derecho a recibir alguno de los servicios previstos en la norma, pero una vez aprobado el denominado Programa Individual de Atención (PIA), la Junta de Andalucía no les ha facilitado la prestación o ayuda que deberían tener.

La ley ofrece una extensa red de apoyo que incluye plazas en una residencia de mayores o centro de día, ayuda a domicilio, teleasistencia o una prestación económica por cuidados familiares. Según las estadísticas que publica el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, actualizadas el 31 de marzo pasado, en Andalucía vive uno de cada cuatro españoles (26,3 por ciento) declarados severos o grandes dependientes que aguardan a que se les asigne una prestación o ayuda acorde a su estado. Dicho informe se elabora con la información que las comunidades autonómicas aportan cada mes a la base de datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

El sistema no les ha proporcionado cobertura por varios factores: el retraso a la hora de despachar las demandas, la falta de recursos para afrontar las solicitudes o el déficit de plazas en geriátricos. En multitud de ocasiones la espera se alarga más allá de los seis meses de plazo máximo que debe mediar entre la fecha de entrada de la solicitud y la resolución de reconocimiento.

La reducción de esa bolsa de personas en espera no siempre obedece al aumento de beneficiarios, sino a que buena parte de ellas se quedan por el camino. Según reveló la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales en una reciente respuesta parlamentaria al PP, 7.781 solicitantes fallecieron sin recibir la asistencia entre 2013 y junio de 2015.

La gráfica de los últimos años revela que el número de usuarios descendió entre 2011 y 2014. En 2015 se invirtió esta tendencia. El pasado año cerró con 179.239 personas atendidas. Pese a la mejora experimentada, las matemáticas demuestran que hay 11.816 menos de las que se había a finales de 2011. Entonces, 191.055 andaluces recibían algún tipo de apoyo público. Ahora son 12.199 menos si se compara la situación precedente con la que existe a 31 de marzo de 2016, la última cifra oficial: 178.856 beneficiarios.

Con una crisis económica que no daba tregua, al empobrecimiento de las familias se unieron los recortes que también se hicieron notar en Andalucía. Basándose en datos hasta diciembre de 2013, el Tribunal de Cuentas elaboró un informe que comparaba la ejecución de la ley entre comunidades. Los resultados rompieron muchos estereotipos. Andalucía era la región con el gasto medio por beneficiario más bajo de España (6.720,66 euros frente a los 9.209,24 de promedio nacional); una de las que más tardaba en dar ayudas, sólo por detrás de Asturias y la Comunidad Valenciana, y la que concentraba el mayor número de dependientes sin prestación en términos absolutos.