Marín se compromete a reformar la ley andaluza de asistencia y atención a las víctimas del terrorismo

El vicepresidente de la Junta de Andalucía destaca que «la sociedad española le debe mucho a estas familias»

Juan Marín, reunido en San Telmo con el presidente y la gerente de la asociación andaluza ABC

S. A.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín , ha mantenido este martes un encuentro con representantes de la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo (AAVT) en la que se ha comprometido a trabajar para la reforma de la ley de 2010 para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de la comunidad autónoma de Andalucía.

«Es una ley que hizo mucho por este colectivo pero, pasados los años, la AAVT nos ha trasladado la necesidad de su reforma y como vicepresidente me he comprometido a ello . Ya se han reunido con otros grupos políticos y todos estamos en la misma línea de trabajar por mejorar la normativa y hacer justicia con este colectivo», ha remarcado en una nota. A la reunión asistieron el presidente del colectivo, Joaquín Vidal , y la gerente, Martina Vidal.

En esta línea, Marín ha señalado que la reforma permitirá abrir de nuevo los plazos de ayudas y asistencias para las víctimas, pues « la sociedad española le debe mucho a estas familias : no es una cuestión que tendría que estar en una ley, se debería conceder de oficio. Este Gobierno andaluz va a estar siempre al lado de las víctimas, ellos son los héroes y por ello vamos a reformar la norma».

Ampliar derechos

La Consejería de Justicia ha trabajado estrechamente con las entidades que representan a este colectivo para ampliar derechos y mejorar prestaciones que reciben las víctimas de terrorismo y así ofrecer la mejor atención en materias como educación, empleo y viviendas entre otras.

La ley en vigor reconoce indemnizaciones por daños físicos o psíquicos y extiende sus efectos de modo retroactivo a atentados producidos desde el 1 de enero de 1968, consistiendo en un importe adicional del 30 por ciento sobre las cantidades reconocidas por el Estado. Además, recoge prestaciones asistenciales de la administración de la Junta de Andalucía en el ejercicio de materias sanitarias, psicológicas, psicosocial, psicopedagógicas, educativas, de empleo y de vivienda.

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