Entrevista
Marifrán Carazo: «Los taxistas en Andalucía tienen que ser conscientes de que la situación ha cambiado»
La consejera apuesta por la convivencia de taxistas y VTC y, sobre todo, por la simplificar trámites para que los ayuntamientos aprueben sus planes urbanísticos y generar así riqueza y empleo
La consejera de Fomento tiene un ojo en el pasado y otro en el futuro. En el pasado para señalar sin complejos todo lo que se ha hecho mal en los años en que el PSOE ha gobernado la Junta . Retrasos, falta de previsión, dejación de funciones... Y en el futuro para hablar de lo que quiere que sea su departamento para Andalucía: una consejería inversora que vertebre la comunidad y que ayude a crear empleo y al desarrollo de la economía. Aunque se queja de la losa que le han dejado para gobernar, aborda casi todas las cuestiones con un «ya estamos trabajando en eso». Para esta política de Valladolid que acabó en Granada , donde llegó a edil en su ayuntamiento, el movimiento se demuestra andando.
Llevan 80 días en el cargo, ¿Siguen apareciendo deudas en los cajones?
Todos los días nos encontramos una nueva sorpresa. En esta consejería se han dado situaciones que ponen de manifiesto una nefasta gestión.
¿Tan mala ha sido?
En solo diez años, de 2009 a 2019, en esta consejería se han pagado casi 400 millones de euros a las empresas en concepto de reclamaciones. Por suspender las obras, paralizarlas, incumplir plazos...
¿Cuál es el caso más flagrante?
La sentencia más gorda es la del caso del centro comercial Nevada, 166 millones de euros. También está la sentencia que viene de diciembre, 167 millones, del metro de Sevilla.
¿Cómo han actuado ante ese despilfarro del que habla?
Primero nuestra obligación es trasladar a los andaluces lo que hemos encontrado. Pero creo que hay que dar un siguiente paso. No basta con denunciarlo. Anuncié la auditoría de todos los obras de los metros y los tranvías. Es fundamental que conozcamos cómo se ha procedido desde un inicio porque en todos los casos hay coincidencias: sobrecostes muy elevados, modificación de los proyectos. Y lo más complicado es que nos está costando penalizaciones a la Junta de Andalucía.
Más allá de explicar la mala gestión del anterior Gobierno, ¿van a denunciar estos asuntos a la Fiscalía?
Si los datos nos indican que no se ha procedido con respecto a la norma, pues tendremos que acudir a la Fiscalía. Es importante trasladar a los ciudadanos que no solo hay responsabilidades políticas sino también judiciales porque se trata del dinero de todos. En Andalucía no han existido ni responsabilidades políticas ni judiciales. Aquí nadie ha pedido perdón por despilfarrar tanto dinero y tirarlo por la ventana.
¿Cuánto es la factura total de lo que se ha malgastado o multado?
La cifra es compleja. Estamos centrándonos solo en la última década. Por un lado están casi 400 millones a las empresas por sentencias y reclamaciones por no cumplir con los contratos. Por otra parte está la no ejecución del presupuesto. Año tras año la partida destinada a inversiones no se ha ejecutado al cien por cien. En tercer lugar no se han gastado fondos europeos. En los fondos Feder del último programa 2014-2020 incluían 841 millones para nuestra comunidad autónoma.
Y de ese dinero, ¿qué se ha gastado realmente?
Se ha gastado el 21 por ciento, pero se ha certificado solo el 10 por ciento, 167 millones de euros.
¿Qué han hecho ya como Gobierno además de esa labor de fiscalización?
Estamos empujando todo lo que podemos desde el primer día. En paralelo a denunciar estamos también desbloqueando proyectos. Y eso es muy importante porque no nos puede parar la situación de la Consejería. Los proyectos no se pueden parar y estar solo atentos a lo que nos hemos encontrado, problemas que son gordos.
¿Problemas como cuáles?
Como el tranvía de Alcalá en Sevilla, el de San Fernando en Cádiz, el metro-tranvía de Jaén... Infraestructuras que están ya casi en marcha y hemos encontrado en una situación delicada. En paralelo estamos desbloqueando proyectos atascados por falta de interés como expedientes de carreteras. Eran 239 expedientes paralizados.
Imagine que no hay problemas económicos en su Consejería. ¿qué proyecto haría primero?
El proyecto fundamental ya lo hemos impulsado en el Consejo de Gobierno: un nuevo Plan de Infraestructuras. Hoy tenemos un plan que acaba en 2020 que se ha quedado antiguo.
Pero en algo concreto, ¿dónde pondría la primera piedra?
Hemos impulsado y desbloqueado infraestructuras como la autovía del Almanzora. Estamos a punto de licitar un tramo y vamos a ser capaces con fondos europeos de acabar esta infraestructura.
¿Y después?
En segundo lugar es importante la ampliación del metro de Sevilla y ya estamos trabajando para revisar y actualizar el proyecto.
¿Se le puede dar fecha a los sevillanos sobre el metro?
Revisar y actualizar los proyectos de tres líneas requiere su tiempo. En eso al menos un año se pasa.
¿Por dónde empezaría la ampliación del metro entonces?
La prioridad son dos medias líneas que van a conectar con dos núcleos de población muy importantes, Pino Montano y Sevilla Este, que tienen mucha población y que van a contar con un número de usuarios importantes.
Alguna vez ha dicho que está por la labor de dejar entrar a la empresa privada en inversiones como el metro. ¿Será así en la ampliación del metropolitano de Sevilla?
Este nuevo Gobierno cree que en la colaboración público-privada. La empresa privada conoce la ciudad de Sevilla y sabe que este proyecto es rentable. Entiendo que vamos a encontrar colaboración para este proyecto.
Entonces están abiertos a que la empresa financie obras como el metro...
Tenemos que abrir esa puerta. Este Ejecutivo cree en las empresas y cree que han de ser aliados del nuevo Gobierno. Andalucía ha perdido muchas oportunidades porque el Gobierno anterior ha estado permanentemente instalado en hacer guiños a la izquierda y nunca se ha creído el papel principal de las empresas.
Pero solo con la intención no se atrae inversión...
Estoy convencida que con la rebaja fiscal tan importante que ha puesto en marcha este Gobierno eso va a ser una atracción importantísima de inversores para iniciar nuevos proyectos.
Ha anunciado ya que quiere simplificar la norma urbanística, ¿de qué manera piensa hacerlo?
Planteamos la simplificación y revisión de los procedimientos, sus plazos, armonizar normas y reducirlas, poner facilidades a los proyectos con el único límite del cumplimiento de la norma. Ya hemos tomado medidas desde este Consejería para simplificar y armonizar los procedimientos.
¿Puede poner ejemplos?
Hemos tomado unas primera medidas que entendíamos que eran de urgencia. Con pequeñas instrucciones podíamos aliviar y mucho el atasco y las dificultades que encuentran los ayuntamientos para la tramitación de los planes generales de urbanismo. Hemos aprobado una nueva orden, la que ya anunció el presidente del silencio administrativo positivo, que supone poder agilizar de un mes a diez días el inicio de los planes generales de urbanismo. En segundo lugar una instrucción para armonizar los procedimientos, unificar a través de un informe tipo previo la información a los ayuntamientos. En tercer lugar hemos creado las mesas de trabajo técnico-jurídica para invitar a los ayuntamientos y agilizar el cumplimiento de todos los condicionantes que se les requieren. Y por último, hemos aprobado una novedad, una instrucción que supone eliminar la aprobación preliminar de los planes urbanísticos por parte de la Junta de Andalucía. Era un paso duplicado, lo tenía que aprobar el Ayuntamiento y luego la Junta. Fíjese con este medida, solo con esta instrucción, se reduce de dos a dos meses y medio la duración de los trámites. Porque ahora para aprobar un PGOU se tarda de media ocho años.
Se entiende que el objetivo de esta normativa es hacer la vida más fácil a los andaluces...
Sí, facilitar, hacer la vida más fácil, pero sobre todo dar vida a nuestros pueblos. Cuando no ponemos facilidades, cuando se dificulta la tramitación de los planes de urbanismo, se pierden oportunidades de instalación de empresa y creación de empleo.
Han puesto en marcha auditorías para ver cómo funciona la consejería y sus empresas públicas. ¿Se plantean despidos o recortes?
Estamos esperando los primeros resultados. Luego está también la sensación que uno se haya llevado. Lo que mide la auditoría es la eficacia y eficiencia, si se duplican las tareas, comprobar si esas empresas son necesarias. En las tres empresas que agencias que forman parte de esta consejería -de vivienda, de puertos y de obras-, están trabajando. Creo que han trabajado y están trabajando y valoro activamente la experiencia de sus trabajadores. Ahora bien, vamos a esperar el resultado de la primera auditoría.
¿Qué piensan hacer con la «administración paralela»?
Creo que no se ha gestionado bien por parte del PSOE. Si hubiera gobernado el PP no contaríamos con la «administración paralela». Hay algunos entes que sobraban porque no tenían finalidad ni funciones. Ya este nuevo gobierno ha echado la llave a un número muy importante de esos entes. Una vez que este Gobierno se encuentra con agencias y con empresas como las tres de Fomento, con años de experiencia, con trabajadores con proyectos que han puesto en marcha, lo que tenemos que hacer es hacerlas eficaces y eficientes, darles carga de trabajo y sacarles el máximo rendimiento.
¿Se les dará carga de trabajo aunque no sean funcionarios? ¿Cree en ese modelo?
Es el modelo del PSOE, es el que ha creado y dotado las agencias estos años. Me preguntaba qué hemos encontrado. Pues hemos encontrado tres agencias con un volumen de trabajadores muy importantes, gente que trabaja.
Sobre Vivienda de Protección Oficial, ¿hay planes para construir?
Ya estamos planteando y trabajando sobre un nuevo Plan de Vivienda 2020-2030. Es verdad que se ha resentido mucho la política de vivienda en los últimos años. Estamos haciendo un balance del plan que va a vencer ahora en 2020 y vemos cómo ni se ha impulsado al VPO, ni la rehabilitación de vivienda, ni la vivienda de alquiler ni la vivienda libre.
Entonces, ¿van a construir vivienda protegida?
La intención es seguir mejorando y construyendo, incorporando nuevas urbanizaciones, nuevos edificios a nuestra planta pública de vivienda. En segundo lugar es importante avanzar en la construcción de VPO y también en vivienda libre, porque la situación ha cambiado.
¿La apuesta es de VPO y vivienda libre a la vez?
Se pueden conjugar y armonizar las dos. Es una doble apuesta.
¿Se plantea vender la vivienda pública con problemas de impagos, okupas o cultivo de marihuana?
No, nosotros vamos a seguir apostando por nuestro parque de vivienda y gestionándolo mejor.
¿Vigilarán más para evitar por ejemplo el cultivo de marihuana y los enganches ilegales de luz?
Lo que sí le puedo decir taxativamente es que las malas prácticas en las viviendas que son de esta consejería tienen que acabarse. Y me refiero a actividades que se están produciendo en pisos de la Junta y para los que necesitamos la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que no se produzcan. Es una actividad ilegal y provoca otros problemas muy importantes derivados de los enganches de luz.
Con respecto al conflicto entre los taxistas y las Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), ¿En qué punto están?
La filosofía de este nuevo Gobierno es recuperar el diálogo. Partiendo de cero hemos empezado a construir un documento que es un estudio serio, pionero, con medidas que no se han aplicado en otras comunidades. El documento aborda las necesidades del sector. Y aborda algunos son asuntos que venía reclamando el taxi hace años
¿Cómo cuáles?
Como tener un precio cerrado por viaje. También la posibilidad de compartir un taxi, como un «Blablacar» del taxi. Además proponemos aumentar la inspección al 50 por ciento.
¿Van a quitar licencias VTC para llegar a la ratio 1/30?
A ver, los números son lo que son. Los taxis tienen que ser conscientes de que la situación ha cambiado. Y que lo que tenemos que hacer es ordenarla y armonizarla, ayudarles a competir con una realidad y un modelo que viene arrastrado.
¿Van a regular el tiempo de la precontratación?
No hemos hablado de tiempo. Sí hemos planteado las bases para estacionar VTC transitoriamente durante cuatro años. Lo que esta medida propiciaría es que las empresas de VTC no estén tomando servicio desplazándose por las ciudades.
¿Se construirá finalmente la autovía Cádiz-Huelva?
Esta es una infraestructura pendiente de las que vienen a vertebrar Andalucía y a conectar dos capitales de provincias. Está pendiente. Encontró siempre el rechazo por el tema medioambiental y por la proximidad a Doñana. Lo primero que hay que hacer es un trazado real que demuestre que no afecta a Doñana. Este es un proyecto que hay que rescatar.
¿Y la SE-40?
Estamos trabajando en ese asunto e intentando desbloquear esa infraestructura. Son numerosas las visitas, primeras piedras, anuncios que se han producido.
¿El PSOE gestionó bien con los ayuntamientos de Andalucía?
Se ha engañado mucho a los ayuntamientos. Mucho, a todos los alcaldes, de todos los signos políticos. Prometiendo proyectos que no llegaban, trasladándoles plazos que todos se excedían... Este nuevo Gobierno quiere recuperar la lealtad institucional con los ayuntamientos.
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