CASO SANTANA
El marido de la directora de la Guardia Civil acusa a la Policía de abrirle una causa general para incriminarle
Pide al juzgado que no lo investigue y carga contra la UDEF por violar su «derecho al libre desarrollo de la personalidad» basándose en conjeturas
Juan Carlos Martínez Martínez, marido de la actual directora de la Guardia Civil , ha presentado este jueves un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para tratar de frenar una investigación contra él. El que fuera asesor del ministro Bernat Soria y del exsecretario de Estado de Cooperación Territorial Gaspar Zarrías , ha pedido al órgano judicial que ni siquiera llegue a tomarle declaración como investigado y carga duramente contra la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que ha hallado pagos en las cuentas de su consultora provenientes de compañías que con anterioridad habían recibido ayudas millonarias de la Agencia IDEA (Isofotón y Laboratorios Farmacéuticos Rovi), después de que su hermano, Bienvenido Martínez, fuera uno de los directivos de dicho organismo de la Junta de Andalucía bajo los gobiernos del PSOE.
El esposo de la máxima responsable de la Benemérita acusa a la Policía Nacional de abrir una «causa general» contra él basándose en «elucubraciones», «meras conjeturas y sospechas policiales alimentadas por una investigación inquisitiva y meramente prospectiva». Acusa directamente a la UDEF de iniciar una persecución contra él. El atestado policial enviado al juzgado, en el que su nombre aparece hasta en 19 ocasiones, como publicó ABC, «no es la averiguación de un posible delito del que se ha tenido noticia, sino la indiscriminada y prospectiva búsqueda de delitos a partir de la preconcepción de que estos han de existir».
Iniciar una «causa general» o «inquisitio generalis» constituye una vulneración de su « derecho al libre desarrollo de la personalidad», así como el derecho fundamental a la intimidad , alega su abogado Manuel Pérez Cuajares, del bufete sevillano Constitución 23, Estudio de Litigación , invocando jurisprudencia del Tribunal Supremo en un contundente escrito enviado al juez José Ignacio Vilaplana.
La Policía comenzó a indagar en los negocios de Juan Carlos Martínez y de dos de sus hermanos, a través de sus empresas, al hilo de la causa abierta en dicho juzgado por la concesión irregular de préstamos públicos a la fábrica automovilística de Santana Motor en Linares. La malograda factoría, ‘nacionalizada’ por la Junta de Andalucía en 1995, se cerró en el año 2011 después de acaparar casi 137 millones de euros a través de préstamos y ayudas que se dilapidaron, según el informe policial.
En su escrito, al que ha accedido ABC, el abogado de Juan Carlos Martínez Martínez detalla «innumerables errores» sobre los cargos desempeñados por su patrocinado que aparecen en dicho atestado. Como «inexactitudes» más significativas, reseña que nunca fue jefe de gabinete del exconsejero Antonio Fernández sino de Francisco Vallejo , ambos condenados por el sistema fraudulento de ayudas de los ERE, y tampoco ejerció nunca como secretario de Estado sino como responsable de gabinete.
«No participó en la concesión de ayudas»
El letrado que lo representa afirma que su cliente «nunca ha tenido vinculación con la gestión del grupo Santana o similares» y «nunca ha pertenecido a órgano, consejo ni puesto que tuviera que ver con la concesión de subvencione s» ni tampoco «ha tenido responsabilidad» para otorgarlas. Además, niega taxativamente que hubiera ocupado «puesto directivo en los organismos que gestionaban Santana ni el centro de negocios de Madrid» que la Junta subcontrató con la empresa de su hermano Bienvenido Martínez, Experiencia Management Group SL .
El marido de María Gámez argumenta que «no se puede considerar que el puesto de jefe de gabinete sea un cargo público relevante en el sentido que lo pretende el informe, con capacidad de decisión y/o competencia para otorgar subvenciones o toma de decisiones, ya que sus funciones son meramente las de asesorar al respectivo consejero o secretario de Estado».
Asegura que nunca ocupó un cargo relevante en los organismos que daban las ayudas; fue jefe de gabinete del consejero y del secretario de Estado
Juan Carlos Martínez, a través de su letrado, niega que su puesto de asesor del exconsejero Francisco Vallejo o del exsecretario de Estado Gaspar Zarrías pueda ser considerado un « cargo relevante relacionado con organismos competentes en la concesión de fondos públicos», como hace constar el informe policial. Además, señala que «no mantuvo ninguna reunión ni con las empresas aludidas ni otras para ningún tipo de subvención, no conociendo personalmente a los responsables de las mismas».
No obstante, Juan Carlos Martínez reconoce que Job Management Liberty SL , la sociedad administrada por él y constituida en enero de 2012, tras su paso por distintos cargos públicos, fue contratada por los socios de Isofotón para asesorarles . En cuanto a los cobros que percibió de la multinacional malagueña fabricante de placas solares, «nada había de extraño o anómalo en ellos y nada había que ocultar». «Cuando ya no tiene ninguna responsabilidad en la Junta de Andalucía, y por su experiencia en el mercado exterior, fundamentalmente China, es contratado para relación y desarrollo de negocio con dicho país»
Isofotón, al igual que Santana, encarnó otro fiasco empresarial. La planta malagueña de energía fotovoltaica echó el cierre en enero de 2014, de cobrar más de 43 millones de euros de los 80,5 millones que le concedió la Junta de Andalucía a través de incentivos, préstamos y ayudas, cuyo destino investiga por supuesto desvío de fondos otro juzgado sevillano.
Además, su consultora prestó también servicios de asesoramiento a Laboratorios Farmacéuticos Rovi . Asegura que «fue contratado precisamente para la prospección y análisis de mercados internacionales» por esta empresa, señala en el escrito. Job Management Liberty SL ingresó 128.880 euros de Rovi, que a su vez recibió 7 millones de la agencia donde era directivo su hermano, según el informe policial.
Martínez defiende incluso su total desconocimiento sobre «la situación o relaciones entre la entidad Santana, la Agencia IDEA y Experience Managemet Group SL». En todas ellas su hermano tomó parte como cargo de responsabilidad. La primera la presidió su hermano Bienvenido hasta su disolución , en IDEA fue directivo y en la última sociedad privada éste era el administrador único.
Propiedades al 50% con María Gámez
Según la Policía, entre 2009 y 2012, el marido de Gámez «adquiere propiedades inmobiliarias» por importe superior al millón de euros. Rebate también a los agentes sobre el aumento de su patrimonio. «El Sr. Martínez adquiere entre 2009 y 2012 tres viviendas por valor de 645.000 euros (y no 1.000.000) y lo hace con hipotecas por valor de 593.000 euros. Es decir, más del 90 por ciento del valor de lo comprado está sujeto a un préstamo, lo que si algo demuestra precisamente es que no tenía capacidad económica para adquirirlas», explica su abogado.
En su escrito dirigido al Juzgado nombra a su pareja y afirma que «la cantidad de 1.000.000 de euros solo se ha podido establecer por haber sumado y atribuido al Sr. Martínez el pleno dominio y valor de dichas propiedades, en lo que constituye un nuevo y craso error del informe policial, cuando es lo cierto que dos de ellas fueron adquiridas (e hipotecadas) con su pareja Doña María Gámez al 50% ».
Noticias relacionadas
