La «maraña burocrática» de la Junta de Andalucía ahoga a los proveedores
Consultores, constructores y centros de formación denuncian el «papeleo abusivo»
La Ley de morosidad estipula un periodo de cobro de 30 días para las facturas de las administraciones públicas, un plazo que se queda solo en el papel, según proveedores habituales de la Junta de Andalucía consultados por ABC. Falta de liquidez , administración ineficiente, papeleo excesivo, disfunciones entre los funcionarios de las direcciones generales de las consejerías y los de las agencias y empresas públicas autonómicas..., las razones de esta «mala práctica cotidiana» son diversas, tal y como denuncia la Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía ( Asica ).
Hace años que la morosidad de la Junta «machaca financieramente» a estas empresas de ingeniería de consulta, que prestan servicios a través de su personal técnico, al que deben abonar las nóminas cada fin de mes. Ignacio Sánchez de Mora , presidente de Asica, anuncia que las firmas asociadas ya «no están dispuestas a tolerar esta situación de abuso » y han acordado reclamar intereses de demora «y hacer todo lo posible para reducir la asfixiante burocracia , electrónicamente disfrazada, que nos oprime». Según Sánchez de Mora, «nuestra Administración autonómica está en suspensión de pagos desde hace varios años».
El viaje de las facturas
Desde que un consultor presenta una factura en una agencia pública , hasta que se ordena su abono, sigue un proceloso camino hacia la dirección técnica, la delegación provincial y continúa su viaje por la dirección general correspondiente antes de llegar a la intervención de la Consejería de Hacienda , «atascada de facturas», que la remite de nuevo a la agencia pública que firmó el contrato con la empresa proveedora originalmente para su abono. En todo este proceso pasan 100 días de promedio. «Mientras tanto la empresa consultora ha pagado tres nóminas , ha abonado el IVA y ha asumido los costes operativos y financieros y el resto de impuestos », enumera el representante de Asica.
Una inyección de dinero del FLA ha aliviado los pagos a las empresas sanitarias
El esquema se repite para las empresas constructoras y de consultoría de obra pública asociadas en la patronal Ceacop , que soportan una deuda de 150 millones de euros de las administraciones, el 90% de la Junta de Andalucía, sobre todo de las consejerías de Fomento y Medio Ambiente . Su situación se ha agravado desde hace tres años, en los que, prácticamente, no se licitan contratos por parte de la Administración autonómica, señala la secretaria general de Ceacop, Ana Chocano . Frente a esta morosidad, añade, las compañías afectadas están siendo más diligentes en reclamar los pagos mediante la vía del contencioso , «pero normalmente lo hacen de puntillas, tomando mucha precaución y no haciéndolo público. Lo hacen, pero no lo cuentan para evitar represalias, ya que cuando una empresa emprende una acción legal contra una administración el resto se pone en guardia y ya le ponen la lacra», explica.
Antonio Naranjo , presidente de la Federación Andaluza de Empresas de Formación (Cecap), expone su propio caso para ilustrar la situación económica agónica que vive este sector, desde que en 2011 la Junta paralizase los pagos de las subvenciones por los cursos ya impartidos. «En diciembre de 2012 presenté una justificación de un curso de formador de formadores en la dirección general de Formación Profesional para el Empleo del cual, a día de hoy, no tengo ni liquidación ni nada de nada», señala Naranjo. Como otras entidades privadas de formación, sí recibió el adelanto del 75% de la subvención , pero resta el 25% que se abona al final, una vez que la empresa justifica la realización del curso, dentro del plazo de tres meses desde su finalización, de acuerdo con la normativa autonómica.
Su deuda, en concreto, procede de un curso programado en el año 2011 que se impartió en 2012, pero hay casos más antiguos: «Aún están mirando las convocatorias de 2009 y 2010 para pagar las cantidades finales», subraya este portavoz, con lo que la morosidad puede llegar hasta los seis años.
La situación es más grave en Málaga y Sevilla , según apunta Naranjo. «Son las provincias más gravosas, donde, después de haber terminado los cursos y presentado la justificación, se sigue sin abonar ni siquiera el 75% de los anticipos», se queja el representante sectorial.
Fondo de Liquidez
La situación para el sector sanitario ha empezado a aliviarse desde que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico), aprobase en junio una inyección de liquidez para el pago de facturas, 882,2 millones de euros en el caso de Andalucía.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz , prometió en marzo pasado en el Parlamento andaluz que su Gobierno iba a garantizar un tiempo medio de pago a sus proveedores en salud, educación y servicios sociales. En el caso de la Sanidad relacionada con el suministro de medicamentos, la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica ( Farmaindustria ) confirma que «la situación actualmente está muy bien y Andalucía es una de las comunidades autónomas que mejor están cumpliendo con el pago a nuestras empresas, por lo que el sector sólo puede mostrar su satisfacción al respecto». Añade que, actualmente, la media de pagos está en unos 70 días, «una cifra muy buena», subraya.
Desde el grupo cooperativo granadino de farmacias Farmanova también suscriben que no hay problemas con los pagos de la Junta.
Por su parte, la F ederación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) subraya que, precisamente, a finales del mes de junio este sector recibió «una inyección importante de dinero a través del FLA y del FLA extraordinario», los mecanismos de financiación establecidos por el Gobierno central para pago a proveedores.
«Con estos pagos se han reducido significativamente la deuda y los días medios de pago de las comunidades autónomas, con lo cual desde la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria se valora muy positivamente estos pagos puesto que sitúan la deuda en unos niveles de los más bajos desde el 2011».
