Manuel Gómez y Francisco del Río, los dos únicos absueltos en la primera sentencia del caso ERE
Ambos son funcionarios públicos; a Gómez la Fiscalía le pedía seis años de prisión
Sólo dos de los 21 acusados han sido absueltos totalmente por la Audiencia Provincial de Sevilla en la primera sentencia del caso de los ERE, comunicada este martes sin filtraciones previas. En concreto, el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez -para quien la Fiscalía pedía seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación continuadas- y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río , que se enfrentaba a una pena solicitada por el Ministerio Público de diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por un supuesto delito continuado de prevaricación.
[[Todas las penas de los condenados en el caso ERE]]
Los dos únicos absueltos de la causa política de los ERE son dos funcionarios públicos. Manuel Gómez llegó a emitar hasta quince informes advirtiendo de las irregularidades en el sistema de concesión de las ayudas sin control con fondos de la partida presupuesaria 31L, la denominada como «fondos de reptiles» por el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero .
Por otra parte, también ha sido absuelto Francisco del Río, sentado en el banquillo de los acusados por ser miembro del consejo rector del Instituto de Fomento de Andalucía y de la Comisión general de viceconsejeros, conocida como «consejillos», siendo de ésta miembro con voz pero sin voto. Por su posición, las acusaciones señalaban que debía conocer el fraude del sistema, si bien el tribunal no comparte esta tesis y ha decretado su absolución.
Cabe recordar que la sentencia del caso ERE reprocha que el Gobierno socialista andaluz conocía la «patente» y «palmaria ilegalidad» de las ayudas sociolaborales -unos 680 millones de euros- que concedió con «absoluta falta de control» entre los años 2000 y 2009.
En 1.821 folios, la primera sentencia del caso subraya que los ex altos cargos, entre ellos los expresidentes, fueron «plenamente conscientes de la patente ilegalidad» de la forma de conceder las ayudas, que beneficiaban a las empresas y no a los trabajadores.
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