Magdalena Álvarez niega haber cometido ninguna «irregularidad» y pide el archivo en los ERE

La exconsejera de la Junta Magdalena Álvarez ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Sevilla el auto en el que el juez Álvaro Martín confirmó su procesamiento dentro de la pieza del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los ERE fraudulentos y ha solicitado el archivo «por manifiesta ausencia de caracteres delictivos» en los hechos imputados y al entender que no ha cometido «irregularidad alguna».

En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Magdalena Álvarez asevera que el auto en el que el juez Álvaro Martín confirmó su procesamiento «adolece de un manifiesto déficit de motivación» , pues en el mismo «se resuelven de una vez cuatro recursos de reforma interpuestos por distintas partes investigadas, limitándose a una mera respuesta estereotipada , carente de la más mínima argumentación y sin entrar a resolver las pretensiones aducidas en el recurso».

A juicio del abogado de la exconsejera, el juez «ningún esfuerzo hace por responder a los variados reproches efectuados en relación con la ausencia de indicios sobre la responsabilidad» de Magdalena Álvarez, de manera que «toda la respuesta que acierta a dar el magistrado instructor es remitirse nuevamente al relato de hechos plasmado en el auto de transformación y a enviar al órgano de enjuiciamiento la controversia».

«Tales motivos de impugnación -que nos hemos de ver obligados a reiterar en el presente recurso al no haber recibido respuesta por parte del magistrado instructor- exigían una respuesta motivada que reparara el déficit de tutela judicial en que incurría el auto de 31 de mayo», pero «en lugar de ello, el auto que 'resuelve' la reforma perpetua y agrava dicho déficit de garantías constitucionales », asevera el letrado.

Al hilo de ello, el letrado subraya que, en el auto de procesamiento de 31 de mayo, el magistrado efectúa en primer lugar una exposición general de los hechos, concluyendo la existencia de un 'concierto expreso o tácito' entre «nada menos que 26 personas , y prolongado durante más de diez años , dirigido a crear» un 'procedimiento específico' para la concesión de ayudas a empresas y sociolaborales al margen de los controles y exigencias establecidas por los procedimientos ordinarios de subvenciones.

El abogado señala que, «entre ese elenco de 'concertados' se incluye a Álvarez en virtud de "la asunción de dos presupuestos fácticos", como son que "instauró el procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones", para lo cual "propuso, como consejera de Hacienda, y aprobó, en su condición de miembro del Consejo de Gobierno, las modificaciones presupuestarias relativas al programa 22E y 31L", a lo que se suma que "aprobó los proyectos de presupuestos de la Comunidad Andaluza para los ejercicios 2002 a 2004, pese a que contenían de manera inadecuada las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo hacia IFA-IDEA».

En segundo lugar, y según expone el letrado en este recurso consultado por Europa Press, el auto recoge que la investigada actuó «con conocimiento de que el procedimiento para la concesión de las ayudas y subvenciones era irregular (...) así como que los mecanismos que se empleaban para dotar los fondos del IFA/IDEA, a los efectos de que actuase como pagador de las ayudas y subvenciones, eran también irregulares».

El abogado asevera que «la base probatoria en que sostener la determinación indiciaria de esos hechos debiéramos encontrarla en el apartado siguiente» del auto, denominado 'razonamientos jurídicos' y dedicado a «determinar, al menos de modo somero, el porqué de aquella narración de hechos», pero con respecto a la exconsejera «lo que encontramos no es más que una mera reformulación de esos hechos o, todo lo más, una serie de presunciones genéricas y carentes de todo soporte argumental».

«Los presupuestos desde los que se pretende fundar la responsabilidad indiciaria» de la exconsejera «carecen de la mínima argumentación exigible», ya que se le atribuye la instauración del sistema «con la sola premisa del cargo que ocupaba como titular de la Consejería de Hacienda y de las funciones que, como tal, ejercía», todo ello «sin explicitar en qué medida sus competencias como consejera le permitían 'instaurar' procedimiento paralelo alguno al 'ordinario'».