Llera incumplió el código ético de los fiscales al atacar la sentencia de los ERE

Nada más que estrenarse como t eniente fiscal en Sevilla, Emilio de Llera ya ha incumplido varios principios del Código Ético del Ministerio Fiscal. Tanto la Asociación de Fiscales como la Unión Progresista de Fiscales se han quejado de que quien ocupa el segundo cargo de mayor importancia en la F iscalía Provincial de Sevilla haya realizado declaraciones «más propias» de un político que de un profesional de la carrera judicial en contra de la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla sobre el sistema ilegal de ayudas del caso ERE, un asunto que está «sub judice», pendiente de su ratificación por el Tribunal Supremo. Llera fue consejero de Justicia entre 2012 y 2017, primero, bajo la égida del José Antonio Griñán , condenado por prevaricación y malversación de fondos públicos por esta causa y, después, con Susana Díaz.

El citado código, publicado el pasado día 17, advierte de que los fiscales deben abstenerse de verter cualquier opinión partidista para garantizar las dos funciones que la Constitución les encomienda: defender el interés público y la independencia judicial. «Las y los fiscales tienen derecho a la libertad de expresión, pero deberán evitar realizar en el ejercicio de su función manifestaciones públicas u ostentación de sus creencias religiosas y/o ideas partidistas que puedan menoscabar su imparcialidad o apariencia de imparcialidad», recoge su artículo 34.

La norma impone reservas especiales a quienes utilizan las puertas giratorias entre la justicia y la política . Los fiscales «extremarán el celo en preservar su apariencia de imparcialidad cuando regresen a la carrera fiscal después de haber prestado servicios en cargos de representación política y/o parlamentaria, cargos públicos y actividades profesionales en el sector privado», avisa el artículo 35.

Llera cuestionó la resolución que condenó a los expresidentes Manuel Chaves y Griñán , junto a 17 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos una exministra, Magdalena Álvarez y un exvicepresidente autonómico, Gaspar Zarrías. Según la sentencia que impuso penas de prisión y/o inhabilitación, todos ellos eran conscientes de la «palmaria ilegalidad» de un sistema que permitió repartir a discreción 679 millones de euros para apagar los conflictos laborales desde 2000 a 2009.

En una entrevista publicada el pasado día 20 por Diario de Sevilla, Llera sugirió que el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla dictó su resolución guiado por la «presión mediática». «La sentencia de los ERE no me gusta ni me convence nada, ni como jurista ni como ciudadano . Pero comprendo la presión mediática que sufrió la Sala: cuando los medios han condenado a los dos presidentes, a ver cómo los absuelve», aseguró. Acababa de recibir los galones de teniente fiscal de Sevilla, el segundo cargo más relevante tras el del fiscal jefe. Las asociaciones de fiscales le recordaron que los delegados de Anticorrupción que solicitaron penas para los condenados actuaron «guiados por criterios puramente jurídicos y profesionales y siempre avalados por sus superiores».

El código ético publicado un día antes de que realizara esta manifestaciones también advierte de que los fiscales deben «obviar» debates públicos sobre «procedimientos en trámite». Lejos de abstenerse de opinar, el que fuera consejero con dos gobiernos socialistas vaticinó que habrá «sorpresas» en la resolución de los recursos presentados por los condenados si los miembros del Supremo «son serios», aunque confiesa que le «desanimó» enterarse de que el magistrado instructor designado por el alto tribunal «le compró el rollo» a la primera instructora de la macrocausa de corrupción, Mercedes Alaya, en alusión a su tesis incriminatoria.

Por su condición de fiscal, Emilio Llera debía ejercer «con prudencia el derecho a la libertad de expresión» que como ciudadano le corresponde. El código ético insta expresamente a los fiscales a poner «especial cuidado en evitar actuaciones o emitir juicios que puedan comprometer su imparcialidad, así como la imagen y crédito del Ministerio Fiscal».