La lista de espera de la dependencia incluye a 122.171 andaluces

Las listas de espera de la Dependencia han aumentado en Andalucía. Así de claro lo dijo este lunes la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz , quien presentó ante el Consejo de Gobierno un acuerdo en el que se insta al Gobierno central a promover un Pacto de Estado.

La situación de la Dependencia en Andalucía es complicada. A 31 de enero de 2020, hay 122.717 andaluces en la lista de espera para acceder a las ayudas y las prestaciones que establece la Ley de Dependencia. De estos, 73.326 personas están pendientes del Programa Individual de Atención (PIA), mientras que otras 48.845 personas están pendientes de valoración por los servicios de la administración, personas que el anterior Gobierno de la Junta no contabilizaba al no estar incluidas en el sistema informático pero que ya sí se han incorporado a las listas oficiales reconocidas por el Imserso y la Junta.

Para poder hacer frente a toda esta demanda, la consejera Rocío Ruiz reclama una caja única para que el Gobierno central abone el 50% del pago de la Dependencia y no el 18% como hace actualmente . «No queremos diecisiete sistemas de dependencia, queremos que sea una política de Estado, que la ley se cumpla en todo el territorio español con la creación de una caja única y un fondo de garantía de dependencia que garantice la financiación del sistema unificando el procedimiento».

Actualmente hay 220.376 beneficiarios de la Ley de Dependencia en Andalucía que cobran un total de 293.661 prestaciones , un sistema que cuesta a las arcas públicas andaluzas 1.300 millones, mientras que el Estado aporta 285 millones en este año.

En este escenario, el Consejo de Gobierno aprobó este lunes un acuerdo por el que se insta al Gobierno central a promover el citado Pacto de Estado con ocho ejes . En primer lugar, se propone establecer una garantía de la financiación del sistema de atención de manera equitativa entre el Estado y las distintas comunidades autónomas, de manera que cada administración financie el 50 % del presupuesto, tal y como establece la ley. Además, para poder establecer un sistema de financiación ajustado a la realidad, se pide que sea sostenible en el tiempo y capaz de dar respuesta solvente al envejecimiento de la población con los niveles de la dependencia esperados.

El pacto propuesto por la Junta plantea que se destinen recursos reales, efectivos y evaluables que favorezcan la autonomía personal, retrasando de este modo la aparición de situaciones de dependencia. Como cuarta cuestión, el documento propone la inclusión de recursos de atención para personas con patologías potencialmente cronificables con el fin de prevenir males mayores ya que no está garantizada la continuidad de los cuidados. Por otra parte, señala la necesidad de reconocer en la cartera de servicios de prestación para la dependencia a las personas con discapacidad mayores de 65 años, con el fin de que no tengan que abandonar los recursos al cumplir dicha edad.