La ley andaluza de igualdad está paralizada desde hace una década
Arrecian las críticas por la falta de medidas del Gobierno andaluz para fomentar la igualdad de las mujeres a pesar de las declaraciones públicas
Las declaraciones en pro de la igualdad, los lazos morados y los mensajes de defensa de las mujeres que pronunciaron ayer en todos los foros públicos posibles los principales cargos institucionales de la Junta, el Gobierno andaluz y el PSOE no taparon las numerosas voces críticas que aprovecharon la celebración de Día de la Mujer para alzarse.
La denuncia unánime fue la paralización que sufren las políticas de igualdad en general y las medidas concretas que el Parlamento aprueba en favor de las mujeres, en particular, asuntos que generan bastante consenso político pero que se quedan en meras buenas intenciones. La Ley de Igualdad es la muestra de ello. Se aprobó en el año 2007 y desde entonces está prácticamente paralizada ya que en septiembre de 2015 se aprobó un anteproyecto de modificación que se ha perdido por los pasillos del Parlamento andaluz.
La parlamentaria de IU Inmaculada Nieto explicaba que este anteproyecto pretendía actualizar una norma que se había quedado antigua y que recogía medidas muy concretas . «Acabar con los obstáculos que impiden el acceso de las mujeres al mercado de trabajo, eliminación de la brecha salaria con sanción a quienes eludieran esta responsabilidad, realizar un registro andaluz de planes de igualdad de las empresas, garantizar el equilibrio entre hombres y mujeres en los tribunales, reforzar la presencia de las mujeres en puestos de alta categoría, un paquete de medidas para la conciliación familiar y mecanismos de defensa de la ciudadanía ante situaciones de discriminación de sexo».
La norma que está diseñada para garantizar la igualdad no sólo está anticuada sino que no se ha desarrollado ya que incluía la aplicación de un Plan Estratégico de Igualdad que no se ha elaborado . La Ley de Violencia de Género también es otro asunto pendiente que ayer reivindicaban las diputadas de todos los partidos políticos al Gobierno andaluz. Desde 2014 hay acuerdo y conclusiones para actualizar esta norma que se ha visto desgraciadamente sobrepasada por el aumento de víctimas de malos tratos.
Pero no sólo se trata de normas o leyes sino también de medidas concretas que se aprueban en el Parlamento andaluz pero se quedan en papel mojado . Así ha sucedido con la moción de apoyo a las familias que Ciudadanos presentó en diciembre pasado y que contó con el apoyo unánime de todos los grupos. Una de las ponentes de esta iniciativa, la diputada naranja Marta Bosquet, denunciaba ayer que no se ha llevado a cabo ninguna de las medidas aprobadas.
El texto pretendía poner en marcha medidas para la flexibilización de la jornada laboral, deducciones por nacimiento y adopción aumentando las cuantías deducibles por hijos y ampliando el rango de requisitos para su aplicación, deducciones por gastos de guardería para menores de cuatro años cuando ambos progenitores estén trabajando y dados de alta en la Seguridad Social, así como a fomentar que las guarderías y las escuelas infantiles ajusten sus horarios de apertura a los horarios laborales de los padres.
Discriminación salarial
La diputada popular Ana Vanessa García acusaba a la Junta de permitir la discriminación salarial de muchas de las trabajadoras que le prestan servicio a través de contratas privadas . «Es incomprensible que el Gobierno socialista esté permitiendo que las monitoras de las aulas matinales y comedores escolares cobren 4 euros por hora o que haya trabajadoras de ayuda a domicilio que cobran 5 euros por hora».
En el mismo sentido se pronunciaba Teresa Rodríguez, portavoz de Podemos quien ponía el énfasis en que se trata de una jornada reivindicativa, «no de un cóctel» ya que queda mucho por hacer en políticas de igualdad en Andalucía y hay que empezar «por dignificar las condiciones laborales de las mujeres que dependen de la Junta».
Uno de los resultados de esta falta de apoyo a las mujeres es que la brecha salarial es mayor en Andalucía que en el resto de España. De hecho, según los datos oficiales, las andaluzas cobran 2.000 euros menos al mes que el resto de las españolas, que ya de por sí cobran unos 6.000 euros menos que sus compañeros varones.
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, defiende su gestión . Según su criterio el Gobierno andaluz «va por buen camino en estas políticas» si bien reconoce que queda mucho camino por hacer. A su juicio, las políticas de igualdad impregnan todo el Presupuesto de la Junta «Tengo que resaltar los Programas calificados como G Más, que son aquellos que tienen una especial incidencia como motores de cambio hacia la igualdad real entre mujeres y hombres. Estos programas representan en el presupuesto general de la Junta en este año 2017 un 74% (18.122 millones de euros)».
Sánchez Rubio también defiende las Unidades de Igualdad de Género de la Junta «con las que se han dado pasos importantes introduciendo cambios en los procedimientos, y avanzando en la desagregación por sexo de los indicadores, e incorporando el género como una dimensión transversal en la nueva Ley de Estadística de Andalucía».
