Lanzas, del «pelotazo» de las ayudas de los ERE al PER

Ocho meses después de que la juez Mercedes Alaya abriera el caso ERE, el único oficio conocido de Juan Lanzas Fernández era el de jornalero. Según revela la Fiscalía Anticorrupción en un escrito dirigido al magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que ahora instruye la causa, entre septiembre de 2011 y abril de 2012, coincidiendo con la recogida de aceitunas en la Sierra de Albanchez de Mágina, su pueblo, Lanzas estuvo dado de alta en el régimen agrario, al que se apuntan los perceptores del antiguo PER . Pero su principal fuente de ingresos provenía del «acceso privilegiado que había conseguido con el gestor directo de los fondos públicos de la Junta de Andalucía destinados a las denominadas ayudas sociolaborales», el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. Juntos formaban un tándem inseparable.

Lanzas, junto con otros investigados del grupo Vitalia y de Estudios Jurídicos Villasís, creó un entramado de hasta seis sociedades que «habrían incluido como mínimo en el circuito financiero un importe total de 9.867.497 euros», que canalizaría a través de empresas de su cuñado, Ismael Sierra (1,48 millones) y de las mercantiles donde figuraban dos testaferros, Eduardo Leal del Real (7,45 millones) y Francisco Algarín (928.698 euros). La Fiscalía calcula que Lanzas se benefició como mínimo «para sí o a favor de terceros no identificados» de casi diez millones , a los que hay que sumar otros 600.000 euros que «cobró a través de la inclusión de personas allegadas a él como beneficiarias de pólizas abonadas con fondos públicos de la Junta de Andalucía sin derecho alguno para ello», como «intrusos» incluidos en ERE de empresas que ni siquiera habían pisado. El propio Lanzas, su mujer Patrocinio Sierra, y dos de sus cuñados fueron incluidos en ERE irregularmente.

La UGT constituyó un trampolín para Lanzas. Entre 1990 y 1997 fue secretario de Organización de la Federación de Alimentación del sindicato y secretario general entre 1997 y 2002. El 16 de enero de 1999 compartió los focos con el entonces presidente de la Junta , Manuel Chaves, y dos exconsejeros, durante las negociaciones de las ayudas para prejubilar a 477 empleados de la fábrica de chorizos y embutidos Hijos de Andrés Molina. El exdirigente sindical era el asesor de los trabajadores. Su vinculación a UGT «le permitió adquirir experiencia en la negociación y resolución de conflictos sociolaborales», con cargo al presupuesto público, relata la Fiscalía.

Con el desmantelamiento industrial en su apogeo, Lanzas olfateó el negocio. Cuando una empresa estaba en crisis se ponía en contacto con sus responsables y «les ofrecía como solución la tramitación de prejubilaciones a través de los profesionales (asesores y mediadoras) que él designaba y la oportunidad de que la Junta se hiciera cargo de todo o parte del coste» que debían asumir las sociedades.

Las puertas del despacho de Guerrero, que gestionaba la caja de los ERE, siempre estaban abiertas para él y, a cambio, se lo «agradecía mediante regalos o el pago de viajes». Con sus respectivas esposas, ambos matrimonios viajaron a Shanghái y contrataron otro crucero por el Nilo, pagado por empresas suyas que elaboraban facturas falsas para «ocultar» el dinero público. Compró hasta un apartamento en Torremolinos para sus padres, los mismos que durante el registro de su casa se jactaron ante los agentes de la Guardia Civil de que su hijo tenía dinero «para asar una vaca» y «una cámara llena de jamones de pata negra».