Los juristas entienden que el impago del IVA rompe la equidad

Los servicios jurídicos de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía han elaborado un informe en el que consideran que el Gobierno central estaba obligado a pagar el IVA correspondiente al mes trece de 2017, informe que es la base del recurso contencioso-administrativo que el Gobierno andaluz va a presentar en los tribunales contra la decisión del ministerio de no abonar esa cuantía. Se trata de 537 millones de euros correspondientes al IVA de 2017 que el Estado no ha pagado a Andalucía (ni al resto de las comunidades autónomas) y que tampoco está dispuesto a abonar en el futuro según confirmó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a todas las comunidades autónomas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que tuvo lugar el pasado viernes.

Para resolver la situación económica que este impago supone, el ministerio propone aumentar la cuantía del déficit, una solución que no acepta Andalucía ya que entienden que supone un préstamo, una deuda, que luego habrá que abonar.

Desde el Gobierno andaluz entienden que ese dinero debe abonarse a las arcas públicas directamente por el Gobierno central porque se trata de un impuesto incluido en el sistema de financiación autonómica y que, además, la Hacienda estatal ya ha cobrado.

Según consta en el informe jurídico, «carece de toda justificación desde el prisma de lealtad institucional que se pueda privar parcialmente a la comunidad autónoma de su participación en un impuesto cedido al 50%».

En el informe jurídico se explica, además, que en el ejercicio 2017 y como consecuencia del retraso en la presentación de declaraciones sólo se contabilizaron once meses de ingresos. «El perjuicio lo sufren exclusivamente las comunidades autónomas que se ven privadas de su cuota mensual. Por el contrario, la administración estatal siempre recupera dicha mensualidad en la recaudación del año siguiente sin que, por tanto, experimente quebranto económico».

Así, los juristas de la Junta consideran que «lo que no pase por reconocer el derecho a la restitución del menoscabo experimentado en la financiación conculcaría el principio de neutralidad y de equidad que debe inspirar cualquier modificación en la normativa tributaria que afecte al sistema de financiación».

El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo , afirmó también ayer que en el informe elaborado por los servicios jurídicos de la Consejería de Hacienda se recoge que el propio Gobierno central había reconocido el daño causado a pesar de que ahora se niega a repararlo. Con este documento en la mano, la Junta de Andalucía va a acudir a los tribunales, un camino que ya ha iniciado la Comunidad de Madrid y que podrían seguir el resto de autonomías gobernadas por el PP, a las que también se sumarían otras tres gobernadas por el PSOE, Aragón, Castilla-León y Extremadura, que también discrepan de la propuesta de María Jesús Montero.