Junta y Gobierno pactan un añadido para desbloquear el decreto de viviendas irregulares de Andalucía
Con el añadido acordado entre los dos gobiernos se evita el recurso al Tribunal Constitucional que había planteado el Ejecutivo de Pedro Sánchez
La Junta de Andalucía y el Gobierno central han llegado a un acuerdo para desbloquear la aplicación del decreto de medidas urgentes par a la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares que evita que el Ejecutivo central presente recurso contra esta norma ante el Tribunal Constitucional (TC). Este decreto, que buscaba la regulación de viviendas en la comunidad, era objeto de debate entre ambos Gobiernos.
De esta forma, el anteproyecto recoge una disposición adicional transitoria que señala que «hasta que se modifique la Ley de Costas estatal» serán seis años el tiempo de prescripción de los delitos en suelo urbano y urbanizable en zona de influencia del litoral. Según fuentes del Gobierno andaluz, esto resuelve las desavenencias entre la Junta y el Ejecutivo de Pedro Sánchez . Sin embargo, matizan, el decreto siempre estuvo en vigor pese a ese desencuentro ya resuelto.
Por su parte, el Ejecutivo central se compromete a instar una iniciativa legislativa «para establecer en la Ley de Costas una regulación específica sobre el plazo de prescripción de las acciones en la zona de influencia del litoral».
Este acuerdo parte de la negociación que entre ambas administraciones se inició en 2019. Entonces acordaron sentarse a tratar «las discrepancias manifestadas por el Gobierno de la Nación en relación con los artículos 2, 3, 10 a 15, 20, 24 y disposición final primera» del citado decreto ley, que fue convalidado en el Parlamento de Andalucía en octubre de 2019 con el único rechazo de Adelante Andalucía, toda vez que PSOE-A, PP-A, Cs y Vox votaron a favor del mismo.
El Ejecutivo central entendía que, tal como fue aprobado por el Gobierno andaluz, el decreto «desborda los límites formales y materiales que, tanto el artículo 86 de la Constitución Española, como el propio artículo 110 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, demandan al ejercicio de esta potestad normativa excepcional que permite atribuir al Gobierno unas funciones que habitualmente corresponden a las Asambleas Legislativas ».
En ese sentido, el Gobierno advertía de que dicho decreto tiene «como finalidad esencial, tal y como reconoce la propia exposición de motivos, regularizar 'alrededor de 300.000 viviendas ' que llevan décadas en situación irregular en el territorio andaluz», y llamaba la atención sobre esa «argumentación» teniendo en cuenta que «un Decreto-ley es un instrumento normativo excepcional que se fundamenta en situaciones de urgencia».
Noticias relacionadas
