La Junta quiere vaciar de niños menores de 13 años los centros de acogida de Andalucía
La Consejería de Igualdad impulsa la nueva Ley de la Infancia y la Adolescencia, que fomenta las cogidas y adopciones
El Gobierno andaluz aprobó la pasada semana la tramitación de la Ley de la Infancia y la Adolescencia , una normativa que tendrá un presupuesto de más de 2.500 millones de euros y que pone el acento, sobre todo, en las familias y en dar voz a los menores.
Así lo explica la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz , quien destaca que se trata de la primera ley de esta legislatura que llega al Parlamento. « Es una normativa transversal en la que involucramos a Educación, Sanidad, organizaciones sociales...», explica Ruiz.
Dentro del espíritu de la ley está poner el acento en las familias. «Familias, en plural, todas» , puntualiza la consejera. La normativa quiere potenciar la figura de las familias de acogida y darles más derechos, relevancia y reconocimiento. «Algunas acogen a niños con necesidades especiales o a varios hermanos», destaca Ruiz.
De fondo, lo que busca esta normativa es que los niños no estén en un centro sino con familias. Las suyas cuando sea posible . Y si no lo es, con una de acogida o de adopción. «No queremos a ningún niño de menos 13 años en un centro» , reivindica la consejera.
Para conseguir este objetivo la nueva norma plantea un órgano colegiado que, desde el momento en que se interviene con el menor, se declara el estado de riesgo del mismo . De esa forma se aceleran los trámites porque, reconocen desde Igualdad, ahora mismo un niño con el que interviene la Junta puede pasar «años desde que entra en el sistema y hasta que se le encuentra una solución». « No podemos tener a la infancia atrapada en procesos burocráticos» , reivindica Ruiz. Así que la ley «agiliza todos los procedimientos de intervención, prevención y protección» del menor, señala.
Con la declaración de riesgo del menor se activa el nuevo protocolo y se empieza a trabajar con la familia del niño durante un año como máximo en un plan de intervención. Es el tiempo que la Junta da a los padres para corregir la situación que provocó la retirada del menor. ¿Y si no hay solución? En ese caso se pone en marcha el proceso de acogimiento o de adopción. Pero de esta forma, destaca Ruiz, el menor estará el mínimo tiempo posible en una institución. Porque ya desde la misma retirada la ley propone que el niño pueda estar con una familia de acogida.
Además, la nueva norma quiere acompañar a los menores que han pasado por acogida, adopción o un centro a la transición a su vida adulta y crea programas de preparación que irán desde los 16 años y hasta los 25.
El proyecto de ley de la Infancia y la Adolescencia también busca «la prevención de los riesgos» de estos colectivos. «La desprotección gracias a las familias de acogida y adopción; la violencia, que es una realidad brutal, sobre todo en el caso de la sexual; y la pobreza, que es estructural en Andalucía y se hereda de padres a hijos», indica Rocío Ruiz. «En la comunidad tenemos once de los doce barrios más pobres de España y hay 800.000 niños en situación de pobreza», añade la consejera.
En la filosofía de la norma no está, sin embargo «las pagas o las subvenciones», indica la titular de Igualdad. «El enfoque no es la ayuda, es prevenir esas situaciones de desigualdad con programas integrales», explica. Hasta ahora, señala, «se daban subvenciones y rentas. Y así no se solucionan los problemas», señala.
La nueva norma, que aún tiene que pasar por el Parlamento, también recoge intervenciones en el ámbito educativo y de servicios sociales. En el primer caso contempla que haya plazas gratuitas de Infantil para niños de 0-3 años en las zonas con menor renta de la comunidad. En el segundo caso se introduce la mediación familiar como herramienta de prevención de situaciones de riesgo para el menor.
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