EL COSTE DEL BLOQUEO
La Junta puede acabar con su presupuesto prorrogado
Un Gobierno central en funciones supone un parón en la actividad de las administraciones, incluidas las comunidades autónomas
«Lo ideal sería que todos se abstuvieran . El bloqueo supone una parálisis de miles de personas, gestiones, becas o empleo. La gente no entiende la situación, que pasan los días y lo que tiene que ocurrir es que unos gobernemos y otros hagan de oposición. La gente no lo entiende porque hay muchos problemas que resolver y los partidos están en el tacticismo, en la estrategia y el oportunismo electoral. Y si quieren asumir su papel de oposición tienen que dejar que se conforme un Gobierno y no obstruir las instituciones».
Lo que antecede no son frases entresacadas del discurso de investidura de Mariano Rajoy, candidato, de momento frustrado, a permanecer al frente del Gobierno central. Son declaraciones realizadas por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en mayo del pasado año , cuando aún el PSOE no había suscrito con Ciudadanos un pacto que permitió a la jefa del Ejecutivo andaluz renovar su toma de posesión del cargo.
Aunque en más de una ocasión la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A ha manifestado que en el Congreso de los Diputados el papel actual de los socialistas es el de la oposición, también es cierto que se ha guardado mucho de pedir abiertamente la abstención del Grupo Socialista en la Cámara Baja. Lo contrario de lo que ocurrió cuando ella sufría su bloqueo particular. Y pese a que la actual situación está teniendo graves consecuencias para Andalucía.
Presupuestos prorrogados
La permanencia de un Gobierno central en funciones puede conducir inevitablemente a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del presente año , dado que un Ejecutivo en esas circunstancias no puede aprobar Ley alguna, incluida la que corresponde a las cuentas estatales. En Andalucía, esto supone que la Junta no puede disponer, para elaborar el presupuesto de la comunidad, de los datos correspondientes a la liquidación del ejercicio anterior, el techo de gasto o las entregas a cuenta, indispensables para «cuadrar los números». Las entregas a cuenta es la parte de los ingresos previstos que el Estado adelanta a las autonomías y que a menudo suponen dos terceras partes de su gasto. Por tanto, de mantenerse el manido bloqueo entra dentro de lo probable que la Junta tenga incluso que imitar al Gobierno central en la prórroga de los presupuestos, escenario que sin embargo ha descartado recientemente la consejera de Hacienda, María Jesús Montero .
Control del déficit
La prórroga de los PGE impedirá a la Junta beneficiarse de la intención del Ministerio de Hacienda de suavizar el objetivo de déficit de las diferentes comunidades autónomas. Andalucía podría disponer en tres años de 1.650 millones , 600 en el presente ejercicio, otros 600 en 2017 y una partida de 450 más en 2018. Porque en la práctica un Gobierno central en funciones no tiene capacidad legal para hacer realidad ese propósito, y la Junta podría perder un dinero «que tan necesario es para nuestra tierra».
Obra pública
El Ejecutivo que preside Mariano Rajoy se encuentra, en la actual coyuntura, atado de pies y manos en lo que se refiere al impulso de iniciativas vinculadas a la Obra Pública. En unos momentos en los que la economía comienza a repuntar y se vislumbra una salida de la crisis económica, el parón de los grandes proyectos de infraestructura financiados por el Estado están en dique seco. El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) reclamó este año una inversión mínima de 2.800 millones anuales por parte de todas las administraciones para el mantenimiento de 225.000 puestos de trabajo del sector. El presidente de Ceacop, Francisco Fernández Olmo, ya hablaba el pasado mes de marzo de una caída en las licitaciones para el año en curso, que no lo auguraba precisamente bueno «debido a la incertidumbre política que afecta de lleno a la inversión». Incertidumbre que hoy en día se mantiene y que tendrá sus efectos, inevitablemente, en 2017.
Inversión estatal
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, Andalucía recibió este año 1.820,64 millones correspondiente a la inversión real del Gobierno central en las comunidades autónomas. Con cargo al Fondo de Suficiencia fueron 493,76 millones , lo que supuso un aumento del 2 por ciento con respecto a los presupuestos de 2015. El cuanto al Fondo de Compensación Interterritorial, llegaron 159,40 millones, un millón menos que el año anterior. En cualquier caso, todo intento de reclamar al alza tales partidas resultaría inútil.
Funcionarios y pensionistas
Empleados públicos y jubilados son de los colectivos que se van a ver más afectados por la persistencia de un Gobierno central en funciones. Las previsiones de incremento de ingresos, aunque sumamente escaso, quedarían aparcadas. El Ejecutivo de Mariano Rajoy anunció en julio que su intención era incrementar el salario de los funcionarios en un 1 por ciento para 2017, y un 0,25 por ciento en el caso de las pensiones. Según el último Boletín Estadístico del Ministerio de Hacienda, Andalucía cuenta con más de 527.000 empleados públicos repartidos por las diferentes administraciones. El número de pensionistas supera el millón y medio. Otro factor a tener en cuenta es que, con la prórroga, no podrá haber ampliaciones en las convocatorias de contratación de nuevos empleados públicos, manteniéndose, por tanto, las tasas de reposición del presente ejercicio.
Recuperación económica
Más allá de los efectos en los colectivos antes mencionados, la prórroga presupuestaria afecta de forma muy negativa a cuestiones que son esenciales para la recuperación económica, de España y de Andalucía. José Antonio Miranda, portavoz de Hacienda del Grupo Popular, advierte en este apartado de la paralización que pueden sufrir los programas destinados a combatir el desempleo o a incentivar el consumo . Y es que en la actual situación, resalta, no se puede aprobar una estrategia política para aprovechar las oportunidades de un cambio en la tendencia de la economía. Miranda llama la atención sobre el hecho de que un presupuesto, el de cualquier administración, se elabora para una coyuntura determinada, por lo que doce meses después, si no se renueva y se actualiza, pierde su sentido.
Y sin tercer Parque Nacional
La Junta tiene un interés especial en conseguir la declaración de la Sierra de las Nieves, en Málaga, como tercer Parque Nacional, que se uniría a los de Sierra Nevada y Doñana. El problema, nuevamente, está en que la tramitación y aprobación definitiva del expediente para lograr ese objetivo depende del Ministerio de Medio Ambiente, cuya titular está, como el resto del Ejecutivo central, con su capacidad de maniobra muy limitada.
