La Junta prepara la nueva norma antidesahucios para Andalucía porque la anterior «no se aplica»
El nuevo convenio, que se está elaborando de manera conjunta con el CGPJ, incorporará la normativa vigente, y en última instancia, ofrecerá soluciones a las personas con vulnerabilidad
La Junta de Andalucía ha anunciado que está trabajando con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un nuevo convenio de colaboración frente a los desahucios por la «nula aplicación» del actual, que se firmó en marzo de 2016 sin que se haya ejecutado en la práctica.
Así lo ha explicado en el Parlamento de Andalucía la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, quien ha lamentado que pese a las «buenas palabras» , los anteriores gobiernos andaluces «nunca hayan desarrollado ni hayan puesto en marcha esos procedimientos de funcionamiento de los órganos implicados en el procedimiento», con los que se comprometieron en el convenio firmado con el Poder Judicial y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en 2016.
Esta situación ha dificultado su aplicación, que a día de hoy ha sido nula y «sólo ha sido una declaración de intenciones», según ha manifestado la consejera.
El nuevo convenio, que se está elaborando de manera conjunta con el CGPJ, incorporará la normativa vigente, y en última instancia, ofrecerá soluciones a las personas con vulnerabilidad que se puedan ver afectadas por un desahucio, ya sea por ejecución hipotecaria o por impago de alquiler en los supuestos de vulnerabilidad.
También pretende reforzar tanto el mantenimiento de la suspensión de los lanzamientos en casos de emergencia social como consolidar el Código de Buenas Prácticas de las entidades financieras.
«Una vez que esté consensuado con el CGPJ se procederá a su tramitación para su firma» , ha remarcado la consejera.
Si bien la normativa estatal establece la suspensión de los lanzamientos de los colectivos más desfavorecidos en caso de impago de hipotecas, es fundamental articular los mecanismos de comunicación necesarios para que cuando un juzgado ordene un lanzamiento, comunique a los servicios sociales si estas familias se encuentran una situación de vulnerabilidad, según ha explicado Carazo.
En esos supuestos, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio informa y asesora sobre los recursos disponibles, ya sean ayudas al alquiler o, en su caso, el acceso a una vivienda social en determinadas circunstancias.
La Consejería está trabajando un manual de procedimiento que permita establecer los cauces de comunicación y colaboración necesarios entre la Autoridad Judicial, los Servicios Sociales Comunitarios y los Ayuntamientos.
Este manual, pese a ser clave para cumplir con los objetivos del convenio, nunca se había desarrollado hasta ahora.
La Secretaría General de Vivienda ha mantenido ya varios encuentros con los Servicios Sociales Comunitarios, dependientes de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales , para conocer sus funciones e incorporarlas a este manual de trabajo, que contará igualmente con las aportaciones del Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de Desahucios.
Noticias relacionadas
