TRIBUNALES
La Junta, a pesar de ser acusación en los ERE, desea el archivo de la pieza de Azucarera
Los abogados de la Junta de Andalucía se oponen a los recursos presentados por la Fiscalía Anticorrupción y el PP
La Junta de Andalucía, personada como acusación en el caso ERE, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Sevilla que confirme el archivo decretado por la juez María Núñez Bolaños respecto a la pieza separada por la ayuda de 1,3 millones de euros concedida a Azucareras Reunidas de Jaén S.A., al entender que no existe delito y que «no ha quedado acreditado un destino ajeno al interés público de aquellos fondos».
Los abogados de la Junta de Andalucía se oponen a los recursos presentados por la Fiscalía Anticorrupción y el PP contra el auto de archivo de la pieza separada al no apreciar la juez delito y no existir «intrusos».
La Junta a pesar de ser acusación en la causa, apoya que se reconozca indirectamente la legalidad del procedimiento de concesión de las ayudas en las que no aparecen intrusos al ser similar a la que autorizaba el Ministerio de Trabajo.
La Junta plantea en su recurso «cómo es posible que dicha ayuda pueda ser considerada como para los trabajadores»
Así, la Junta plantea en su recurso «cómo es posible que dicha ayuda otorgada por el Estado, de cuya legalidad nadie parece dudar, pueda ser considerada como una ayuda a los trabajadores y, por el contrario, la ayuda otorgada por la Junta que se realiza con cargo a una partida presupuestaria similar o análoga y que se materializa con el abono de la prima mediante transferencia bancaria a la misma cuenta corriente de la entidad Vitalicio Seguros, pueda ser considerada como una ayuda a la empresa».
Este argumento es el que esperan las defensas para aducir que existe un doble criterio judicial, ya que para la juez Núñez el modelo de concesión de las ayudas no sería ilegal, todo lo contrario que para el juez Álvaro Martín, que intruyó la pieza política y ha procesado a 26 exaltso cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Chaves y Griñán.
Defensa de Vallejo
Otra de las incongruencias de la Junta en su papel de acusación en las macrocausas que le atañen es asumir la defensa del exconsejero Francisco Vallejo como imputado en una de las piezas del caso Invercaria.
Tal como hiciera el martes e l PP, Ciudadanos, Podemos e IU criticaron ayer la decisión de la Junta . Para Juan Marín (C’s)«Vallejo debe pagarse su defensa jurídica como hace cualquier andaluz», y «no es de recibo» que lo hagan los abogados de la Junta, según IU«un gabinete jurídico público financiado con los impuestos de todos los contribuyentes andaluces».
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