Política
La Junta pacta con el Gobierno retirar la denuncia ante el Constitucional contra el superdecreto
«Tenemos el mandato de Juanma Moreno de que hay que buscar acuerdos y dialogar. Este es el ejemplo de que se puede», afirma Elías Bendodo
El Gobierno central y la Junta de Andalucía han llegado a un acuerdo sobre el superdecreto de la administración andaluza que había recurrido al Tribunal Constitucional porque consideraba que había invasión de competencias. Una disputa en los tribunales que tenía un trasfondo político ya que suponía echar el freno al principal proyecto político del Ejecutivo de Juanma Moreno.
Ahora, la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado ha alcanzado un acuerdo sobre el Decreto Ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, después de que el Gobierno de Nación impugnara dos artículos de la citada norma ante el Tribunal Constitucional (TC), relativos a la Ley Audiovisual de Andalucía y a intervenciones en Bienes de Interés Cultural
La denuncia del Gobierno de Sánchez ante los tribunales afectaba a tres artículos , cuya nueva redacción han pactado ambos ejecutivos. Resulta llamativo sin embargo destacar que el recurso que presentaron 50 senadores andaluces precisamente por esta normativa sí que siga adelante. Según ha podido saber ABC, por el momento no se va a retirar este pleito a pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez sí da por buena la nueva propuesta de la Junta.
«El encargo que tenemos del presidente Juanma Moreno y del vicepresidente Juan Marín es que busquemos acuerdos, que pactemos y que dialoguemos con todos porque lo importante es el interés de los andaluces. Y es posible y con este acuerdo lo demostramos porque hemos pactado donde había discrepancias», ha detallado el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo.
En términos concretos, el acuerdo entre ambos gobiernos hace referencia a dos artículos de la Ley Audiovisual . El primero era relativo a la posibilidad de que las corporaciones locales pudieran optar por la gestión indirecta del servicio público de comunicación audiovisual, incluyendo la posibilidad de que operadores en cadena pudieran encargarse de estas emisoras, consideradas piratas. En el acuerdo firmado, la Junta se compromete a elaborar un reglamento para que s ólo puedan prestar estos servicios municipales los operadores que estén reconocidos con el título habilitante por el Estado.
Además, no se podrá incluir publicidad en emisoras sin título habilitante tal y como pretendía el Gobierno andaluz, que derogará ese artículo.
Finalmente, en lo que hace referencia al Patrimonio Histórico, serán necesaria la comunicación previa de las obras menores en conjuntos declarados Bien de Interés Cultural, BIC, o su entorno .
El Gobierno andaluz lo llevará al Parlamento para su validación y posterior entrada en vigor.
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