La Junta merma la carrera de los funcionarios, según los jueces

«Resulta obvio que por razones de oportunidad se ha optado en nuestra Comunidad autónoma por una Administración instrumental en detrimento de la Administración central y de los funcionarios públicos que la integran, que están viendo mermadas sus funciones y carrera profesional».

Lo que antecede es un párrafo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por la que se anula la cesión por parte de la Junta de potestades administrativas al personal de la empresa Veiasa, encargada de realizar las ITV (Inspecciones Técnicas de Vehículos). La medida impulsada por la Junta de Andalucía viene recogida en un decreto aprobado en 2014 por el que se modifican los estatutos de la Agencia IDEA, para convertirse en Agencia Pública Empresarial y adaptarse a la ley de reordenación, conocida como «ley del enchufismo».

El decreto fue recurrido por la asociación Defiendo mi Derecho, y si bien el fallo del TSJA sólo cuestiona el punto referido a la cesión de potestades administrativas a Veiasa, el citado colectivo de funcionarios ha valorado que por primera vez los jueces subrayen que en IDEA, al igual que en las 18 agencias instrumentales de la Junta, no se pueden ejercer tales potestades si no cuentan con funcionarios.

Aunque en la sentencia se reprocha a la Junta que esté mermando la carrera profesional de los funcionarios, también se añade que la ley a la que se adapta el decreto cuenta con el aval del Constitucional. Para a continuacion recordar el Tribunal andaluz que todas aquellas actividades que impliquen el ejercicio de potestades públicas deben recaer en los funcionarios, y no en el personal laboral. Según Luis Escribano, miembro de la citada asociación de empleados públicos «el TSJA ha dejado constancia de su preocupación por lo que está pasando».

Por su parte la Junta remitió un comunicado en el que destaca la validez de los estatutos tanto de IDEA como de la Agencia de la Energía (recurridos en su caso por el Sindicato Andaluz de Funcionarios), y minimiza el punto concerniente a Veiasa. Según la Junta, las potestades administrativas que el TSJA anula no se han ejercido, y pese a ello se está sopesando recurrir al Tribunal Supremo.