La Junta da por «irrecuperables» 14,3 millones en ayudas concedidas por IDEA en la etapa del PSOE

La Intervención alerta de un menoscabo de dinero público por falta de rigor en la gestión del fondo para empresas viables en crisis

Antonio Valverde (izquierda), junto a su abogado Francisco Baena Bocanegra en los juzgados ABC
Antonio R. Vega

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La falta de rigor de la Agencia IDEA en la concesión de ayudas a empresas viables con dificultades coyunturales en Andalucía entre 2011 y 2013 ha causado un irrecuperable quebranto económico superior a los 14,26 millones de euros. La agencia autonómica en la etapa de Gobierno del PSOE « no realiza análisis de riesgos y viabilidad rigurosos », advierte la Intervención General de la Junta de Andalucía, que ha emitido un informe de actuación en el que pone cifras al menoscabo de fondos públicos. Además, apunta a la supuesta responsabilidad contable del entonces director general de la agencia IDEA, Antonio Valverde Ramos , del consejo rector de la agencia y del Consejo de Gobierno andaluz que ratificó las ayudas superiores a 1,2 millones de euros.

La interventora evalúa el «daño total producido» a las arcas públicas como consecuencia de la gestión «deficiente» del denominado Fondo para la Reestructuración Financiera de las Empresas, que tenía como finalidad facilitar un colchón financiero a sociedades en situación puntual de crisis , pero con visos de superarla. Para ello, la agencia IDEA ofrecía los avales públicos como garantía para obtener préstamos bancarios. El reparto de dichas ayudas está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, toda vez que algunas firmas recibieron a la vez ayudas con cargo al fondo irregular de los ERE.

El informe de actuación da por perdidos 14.266.756 euros correspondientes a cuatro empresas beneficiarias de las ayudas porque la Agencia IDEA, cuando no el propio fondo creado, asumieron un elevado riesgo en sociedades con varios balances de cuentas en números rojos y de dudosa viabilidad. El caso más llamativo es el de la empresa promotora de parques de energía eléctrica generada a partir del viento Eólica del Zenete, que se hallaba en preconcurso de acreedores y con pagos pendientes por importe de 22 millones en diciembre de 2011, cuando se le concedió un aval de 8,5 millones, ratificado por el Consejo de Gobierno. Diez años después, quedaban por recuperarse 8,37 millones , de los que la Intervención considera «absolutamente irrecuperable» la parte no cubierta por las garantías, es decir, 5,1 millones, «aunque todo apunta, dada la evolución, a una pérdida mayor». Un año antes, Eólica del Zenete había recibido otra ayuda de salvamento de 1,15 millones de la misma agencia pública. La sociedad está en proceso de liquidación.

IDEA concedía avales a empresas en números rojos sin análisis de viabilidad y asumiendo un riesgo extremadamente elevado

Flexol España S.L. está extinguida desde noviembre de 2019. Esta fábrica de cortinas y toldos ubicada en Granada « ha disfrutado a lo largo de su vida de múltiples ayudas de la Agencia IDEA ». La última fue un aval de 3,68 millones en 2011, de los que se dan por perdidos 3,45 millones. Menos de seis meses después de la formalización del aval, entró en concurso de acreedores. «El riesgo asumido por el Fondo era muy elevado» y las perspectivas de negocio, «muy cuestionables», señala el órgano que la ha fiscalizado.

Niponuba S.L. gestionaba un concesionario de vehículos de la marca Toyota en Huelva cuando en abril de 2013 cerró sus instalaciones. Sólo habían pasado tres meses desde que recibió la financiación pública: un aval de 450.000 euros, de los que el «importe perdido definitivamente» asciende a 443.807, EL 98,6% de la cuantía. Con anterioridad, en el año 2011, IDEA le había concedido otro aval de 1,25 millones. El embargo de sus bienes no cubre ni de lejos la garantía, por lo que acudir a los tribunales resulta «inviable».

Por último, TS Acabados y Encuadernaciones S.L. recibió en 2012 una ayuda de 2 millones. IDEA le otorgó el nuevo aval cuando aún adeudaba otros 1,18 millones por otro había sido formalizado en 2008. La empresa endosó a una subvención una factura de 909.440 euros cuando el «importe correcto» era de 3.1168 euros. La Intervención aprecia supuestos delitos de falsedad documental y fraude en subvenciones que comunica a la Fiscalía.

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